(untitled) (Confluências | Revista Interdisciplinar de Sociologia e Direito, 2021)
Vivimos un proceso de digitalización que se ha visto acelerado no sólo por los numerosos avances tecnológicos de los últimos años, sino por los acontecimientos relacionados con la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial por COVID-19, y que nos han obligado a mantener medidas de distanciamiento social para combatir el virus. Pero como en toda pandemia o control de enfermedad infecciosa, más allá del distanciamiento social y otras medidas higiénico-sanitarias, se hace necesario identificar y rastrear los casos de las personas infectadas por coronavirus, conocer sus contactos y aislarlos para frenar la expansión del virus. Estas medidas suponen generalmente el conocimiento de datos tan sensibles como los relacionados con la salud y, por tanto, una clara injerencia en la vida privada de los ciudadanos. La cuestión es comprobar si dicha injerencia está o no justificada y es legítima. Este artículo se ocupa de dar respuesta a dicha cuestión, de analizar si las medidas de rastreo cumplen con los principios necesarios para tratar datos personales, y si el tratamiento que supone la identificación de los infectados y de sus contactos tiene una base de legitimación que las justifique.