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LOS DERECHOS EDUCATIVOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Y LOS CONVENIOS nº 107 Y nº 169 DE LA OIT
Mariana Paladino
Universidade Federal Fluminense (UFF)
Niterói, RJ, Brasil
DOI: https://doi.org/10.22409/mov.v7i13.42303
Para la Sección “Documento”, el Dossier Procesos Educativos y
pueblos indígenas: significados, prácticas y disputas étnico-políticas en el
contexto contemporáneo presenta dos instrumentos legales de ámbito
internacional – el Convenio n° 107 y n° 169 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) –, sobre pueblos indígenas y tribales) fundamentales para el
reconocimiento de los pueblos indígenas y sus derechos. A los fines de la
temática del dossier, elegimos resaltar los artículos de ambos convenios que
tratan sobre educación.
Es importante mencionar que la OIT, desde que fue creada en 1919, ha
considerado, entre sus principales preocupaciones, la situación de las llamadas
poblaciones indígenas que representaban parte de la fuerza de trabajo en los
dominios coloniales. En 1921, se iniciaron estudios sobre las condiciones de
trabajo de estas poblaciones y, en 1926, instituyó una Comisión de Peritos en
Trabajo Indígena para emitir recomendaciones con el fin de adoptar normas
internacionales sobre la materia. De estos estudios, resultaron diversas
convenciones, entre las que se destaca la n° 29 sobre Trabajo Forzado (1930).
Después de la II Guerra Mundial, se retomaron los debates y las conferencias y,
el 5 de junio de 1957, se aprobó el Convenio n° 107 de la OIT.
Más tarde, en la 76ª Conferencia Internacional del Trabajo, el 27 de junio
de 1989, fue aprobado el Convenio n° 169. A pesar de que el anterior haya
perdido vigencia, consideramos interesante analizar a los dos, con el fin de
llamar la atención hacia importantes cambios de paradigmas y de políticas a
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cerca de los pueblos indígenas, que reverberaron y aún reverberan en las
legislaciones y en las normativas de orden regional, nacional y local.
El Convenio n° 107 de la OIT refleja un paradigma asimilacionista, el cual
dominó durante toda la historia colonial y que, sólo empezó a cambiar
lentamente, a partir de los procesos independentistas en los antiguos países
colonizados y a partir de los movimientos de reivindicación indígenas y de otros
grupos minoritarios.
Ese paradigma asimilacionista se refiere a la idea de que los pueblos
originarios deberían perder sus identidades y sus características culturales
propias, para pasar a conformar un pueblo entendido en términos homogéneos:
una única cultura y una única lengua, la denominada nacional. En esta
concepción, el cambio y la pérdida cultural son entendidos como un proceso
inexorable en pro del desarrollo de la nación. Por lo tanto, la condición de
indígena era interpretada como un estado transitorio y a camino de la extinción,
visión que se reflejaba en la clasificación que el Convenio n°107 establecía entre
pueblos tribales y semitribuales.
La categoría tribal se refería a las poblaciones en países independientes,
cuyas condiciones sociales y económicas corresponden a una etapa menos
avanzada que la alcanzada por los otros sectores de la colectividad nacional,
y que estén regidas, total o parcialmente, por sus propias costumbres y
tradiciones o por una legislación especial (OIT, 1957, p.1).
Además, la categoría tribal aludía “a los miembros de las poblaciones de
países independientes consideradas indígenas por el hecho de descender de las
poblaciones que habitaban el país en la época de la conquista o de la
colonización” (OIT, 1957, p.1). En relación a la categoría semitribual, ésta se
refería a los “grupos y a las personas que, a pesar de estar próximos a perder
sus características tribuales, aún no se encuentran integrados a la comunidad
nacional” (ibídem).
Se percibe que la identidad étnica era entendida bajo un sesgo
esencialista y estático. Por lo tanto, cualquier cambio que se observara en
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algunos rasgos, como vestimenta, lengua, acceso a la tecnología occidental, era
señal de aculturación – categoría muy presente hasta la década de 1960.
A pesar de la crítica que actualmente se le hace a este Convenio por su
carácter integracionista y tutelar, se le reconoce que trajo algunos avances, como
el hecho de haber recomendado a los gobiernos poner en práctica programas
con miras a la protección y a la mejoría de las condiciones de vida y de trabajo
de las poblaciones indígenas. Además, determinó que los gobiernos deberían
excluir la fuerza o la coerción en el proceso de integración a la colectividad
nacional, y atender al consentimiento de las poblaciones en las acciones
propuestas y con respeto a sus valores y a sus instituciones. Así mismo,
proponía que los gobiernos considerasen el derecho de usos y costumbres, y los
métodos de control social peculiares a estos grupos, en la medida en que fuesen
compatibles con los intereses de la colectividad nacional y con el sistema jurídico
nacional.
Por otra parte, el Convenio 169 incorpora los debates y los
cuestionamientos al paradigma asimilacionista y refleja una perspectiva de
reconocimiento de las diferencias. Substituye el término poblaciones que
estaba presente en el Convenio nº 107, y que remitía a una condición de
contingencia y transitoriedad, por la categoría pueblos, que caracteriza
segmentos nacionales con identidad y organización propias, cosmovisión
específica y una relación especial con el territorio que habitan (OIT, 2011).
De este modo, el Convenio nº 169 se aplica a los pueblos en países
independientes que son considerados indígenas por el hecho de que sus
habitantes descienden de pueblos de la misma región geográfica que vivían en
el país en la época de la conquista o en el período de la colonización, y de
conservar, integralmente o en parte, sus propias instituciones sociales,
económicas, culturales y políticas. Se aplica también a los pueblos tribales cuyas
condiciones sociales, culturales y económicas los distinguen de otros sectores
de la colectividad nacional y que están regidos, total o parcialmente, por sus
propias costumbres o tradiciones o por legislación especial.
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Un aspecto destacable es que el Convenio elimina la categoría semitribal,
por lo cual, se entiende que ser indígena no es un estado transitorio en vías de
evolución o transformación para otro, y sí una identidad y una forma de
organización social con legitimidad de continuar a existir como tal y de mantener
sus territorios tradicionales, sus lenguas, sus costumbres, sus tradiciones,
conocimientos y prácticas al interior de los Estados-nación (ARAÚJO et al, 2006)
Otro gran avance resultó en el hecho de que este instrumento legal
legitimó el criterio de la conciencia indígena para determinar los grupos a los que
se aplican las disposiciones del presente Convenio. Es decir, ningún Estado o
grupo social puede negar la identidad a un pueblo o a un individuo que así se
identifique.
Otra innovación importante que trajo el Convenio nº 169 es el derecho de
los pueblos indígenas a participar en todas las instancias que refieran a sus
intereses, especialmente cuando se trata de elaborar e implantar programas y
proyectos que causen impactos sobre sus tierras. De esta manera, se establece
el llamado consentimiento previo informado.
Dividido en 9 partes y en 44 artículos, en su preámbulo, el Convenio
nº 169 enfatiza “la particular contribución de los pueblos indígenas y tribales a la
diversidad cultural, a la armonía social y ecológica de la humanidad y a la
cooperación y a la comprensión internacionales” (OIT, 2011).
Este Convenio establece, entre otras cosas, que los gobiernos deberán
asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos
interesados, una acción coordinada y sistemática a fin de proteger los derechos
de los mismos, garantizar el respeto a su integridad y promover la puesta en
práctica de los derechos sociales, económicos y culturales, siempre con respeto
a la identidad social y cultural, a las costumbres, tradiciones e instituciones de
estos pueblos. Al mismo tiempo, establece compromisos destinados a eliminar
las diferencias socioeconómicas que puedan existir entre los indígenas y los
demás miembros de la colectividad nacional. Por lo tanto, se vislumbra un
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avance en la perspectiva de que es posible coexistir diversidad y diferencia con
igualdad.
Como ya fue mencionado, también se establece, el derecho de los
pueblos a decidir las prioridades, los programas y las acciones que afecten sus
vidas, creencias, instituciones y tierras. Esto significa que deberían ser
consultados especialmente sobre las medidas legislativas y administrativas que
puedan afectar sus derechos, así como el derecho de participar de la formulación
de la implementación y de la evaluación de los planes de desarrollo nacional y
regional que puedan involucrarlos.
El Convenio nº 169 presenta importantes disposiciones y comprensiones
sobre la noción de territorio entendido en términos físicos, ambientales,
culturales y espirituales de fundamental importancia para los pueblos indígenas,
y propone que los gobiernos adopten las medidas necesarias para determinar y
delimitar las tierras que los pueblos ocupan tradicionalmente y para garantizar la
protección y los derechos de propiedad y de pose indígenas. También instituye
el derecho de consulta y de participación de los pueblos indígenas en el uso, en
la gestión y en la conservación de sus territorios y recursos. Además, prevé
indemnización por daños y protección contra desalojos y remociones de sus
locales tradicionales (ARAÚJO et al, 2011).
En lo que respecta a los derechos educativos, el Convenio 169
recomienda que la educación sea bilingüe y que respete las demandas y los
anhelos de los propios pueblos indígenas. Esto representa un avance en
comparación al Convenio nº 107, el cual, aunque había reconocido el “derecho
a la educación en todos los niveles en pie de igualdad con el resto de la
comunidad nacional” (artículo 21), y la necesidad de estudios etnológicos para
poder elaborar programas adecuados (artículo 22), aún sustentaba un claro
objetivo integracionista al afirmar que los “programas de educación destinados a
las poblaciones interesadas deberán adaptarse, en lo que se refiere a los
métodos y a las técnicas, a la etapa alcanzada por estas poblaciones en el
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proceso de integración social, económica y cultural en la colectividad nacional"
(artículo 22).
Así mismo, en su artículo 24, afirmaba que la “enseñanza primaria deberá
tener como objetivo ofrecer a los niños que pertenecen a las poblaciones
interesadas conocimientos generales y aptitudes que las auxilien a integrarse a
la comunidad nacional". En ese sentido, proponía contenidos y formas de
enseñanza orientadas hacia esa integración.
El Convenio nº 107 recomendaba utilizar la lengua materna para la
enseñanza de la lectura y de la escritura, como un medio más efectivo para el
aprendizaje. Sin embargo, el objetivo final era promover la transición progresiva
de la lengua materna o vernácula hacia la nacional o hacia alguna de las oficiales
del país (OIT, 1957, artículo 23). Los estudiosos llaman a este tipo de política
lingüística de “bilingüismo de transición”, y se refiere al fomento del uso de la
lengua minoritaria sólo al comienzo de la escolarización, para después ser
completamente sustituida por la mayoritaria (NOBRE, 2005). Este tipo de política
resultó en el debilitamiento del uso y de la transmisión de muchas lenguas
indígenas.
El Convenio nº 169 sustenta el derecho a la diferencia, sin que esto
represente desigualdad o menor calidad educativa. Al contrario, plantea el
desafío de promover una educación atenta a la realidad, “historia, conocimientos
y técnicas, sistemas de valores y todas sus otras aspiraciones sociales,
económicas y culturales” (OIT, 2011), y también recomienda medidas para que
proporcione conocimientos que les permitan una participación plena en la
sociedad y en condiciones de igualdad.
En el Convenio, son seis los artículos que integran la Parte sobre
Educación y Medios de Comunicación. Entre las medidas recomendadas, se
destaca la obligación de que los Estados garantan a los miembros de los pueblos
indígenas la posibilidad de que adquieran educación en todos los niveles de
enseñanza, en condiciones de igualdad con el resto de la colectividad nacional.
También se presenta el compromiso de que los programas y los servicios de
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educación que se destinan a estos pueblos sean planeados y aplicados en
cooperación con los mismos, a fin de que puedan responder a sus necesidades
particulares.
Merece ser mencionado el artículo 27, que afirma el derecho a una
escolarización, cuya formulación, ejecución y gestión, esté progresivamente en
manos de los miembros de las comunidades indígenas. En este artículo, se
afirma además el deber de los gobiernos de garantizar la formación de docentes
indígenas y destinar recursos suficientes para que los pueblos indígenas puedan
de hecho implementar sus propios medios e instituciones de educación.
El Convenio 169 recomienda también el uso de las lenguas indígenas para
enseñar a los niños a leer y a escribir y, en los casos que esto no fuera viable,
cabría a las autoridades competentes efectuar consultas a estos pueblos con
miras a adoptar medidas que permitan alcanzar ese objetivo. Además, cabría a
los Estados adoptar procedimientos para preservar las lenguas indígenas y
promover su desarrollo y práctica.
Por otro lado, recomienda adoptar medidas para asegurar que los
indígenas tengan la oportunidad de llegar a dominar la lengua nacional o una de
las lenguas oficiales del país. En ese sentido, es importante llamar la atención
que el Convenio nº 169 apunta para una concepción de bilingüismo que algunos
estudiosos llaman "Bilingüismo de Mantenimiento o de Resistencia", en el que la
lengua minoritaria es estimulada y empleada efectivamente en toda la
enseñanza escolar (D´ANGELIS, 2001, apud NOBRE, 2005).
También debe ser resaltado el artículo 31, por el hecho de proponer
medidas que avanzan hacia una concepción intercultural de educación. Aunque
no se mencione este término, se soslaya al sustentar la idea de que no basta
elaborar programas y acciones para mejorar las condiciones de vida y los
derechos indígenas sin que se cuestionen y modifiquen las formas como son
vistos y tratados por la sociedad circundante. A partir de esta comprensión, se
pone en evidencia la necesidad de que se adopten medidas de carácter
educativo en todos los sectores de la colectividad nacional, en especial a los que
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están en contacto más directo con los pueblos indígenas, con el objetivo de
eliminar los prejuicios que pudieran tener en relación a éstos. Para ello, se
recomienda que sean realizados esfuerzos para asegurar que “los libros de
historia y otros materiales didácticos ofrezcan una descripción equitativa, exacta
e instructiva de las sociedades y de las culturas de los pueblos indígenas” (OIT,
2011).
El Convenio 169 fue ratificado por Brasil a través del Decreto Legislativo
143, publicado en el DOU de 21/06/2002, y se constituye en la actualidad en el
principal instrumento internacional de defensa de los derechos indígenas. Los
otros países representados en el dossier, aprobaron y ratificaron el Convenio
169 en años diferentes: Argentina en 2000, Colombia en 1991 y México en 1990.
Al ratificar el Convenio, todos esos países-miembros se comprometen a
adecuar sus legislaciones y sus prácticas nacionales a los términos y a las
disposiciones del mismo, siempre con miras a la aplicación integral del
documento. Asumen también el compromiso de informar periódicamente a la OIT
a cerca de la aplicación del Convenio y de atender observaciones y
recomendaciones de los órganos de supervisión de la Organización
Internacional del Trabajo.
A seguir, presentaremos los dos Convenios, invitando a lo/as lectore/as
una especial lectura de la parte sobre Educación.
Referencias
ARAÚJO, Ana Valeria et al. Povos Indígenas e a Lei dos “Brancos”: o direito
à diferença. Brasilia: Ministerio de Educación, Secretaria de Educação
Continuada, Alfabetização e Diversidade; LACED/Museu Nacional, 2006.
NOBRE, Domingos. “Para Uma Síntese dos Avanços e Impasses da Educação
Escolar Indígena Hoje”. En: VEIGA, Juracilda & FERREIRA, Maria Beatriz
Rocha. (Orgs.) Desafios Atuais da Educação Escolar Indígena. ALB.
Campinas. SP. 2005.
ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT). Convenio nº 107 da
OIT, de 05 de junio de 1957, concerniente a la protección e integración de
las poblaciones indígenas y otras poblaciones tribales y semitribuales de
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países independientes. Disponible en:
https://www.oas.org/dil/port/1957%20Conven%C3%A7%C3%A3o%20sobre%20Povos%20Ind
%C3%ADgenas%20e%20Tribais.%20(Conven%C3%A7%C3%A3o%20OIT%20n%20%C2%BA%201
07).pdf
Acceso 23 de abril de 2020.
ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT). Convenio n° 169
sobre pueblos indígenas y tribales y Resolución referente a la acción de la
OIT. Brasilia: OIT, 2011.
SOBRE LA AUTORA
MARIANA PALADINO es doctora en Antropología por el Programa de
Posgrado en Antropología Social del Museo Nacional, profesora de
Antropología y Educación en la Facultad de Educación de la Universidad
Federal Fluminense.
E-mail: marianapaladinorj@gmail.com
Recebido em: 27.04.2020
Aceito em: 18.05.2020
Convenção nº 107 da OIT, de 05 de junho de 1957
Concernente à proteção e integração das populações indígenas e outras populações
tribais e semitribais de países independentes.
A Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho convocada em Genebra pelo Conselho de
Administração da Repartição Internacional do Trabalho e reunida nessa cidade em 5 de junho de 1957, em
sua quadragésima sessão;
Depois de ter decidido aprovar diversas propostas relativas à proteção e integração das populações indígenas e
outras populações tribais e semitribais de países independentes, questão que constitui o sexto item da ordem
do dia da sessão;
Depois de ter decidido que tais proposições se revestiriam da forma de uma convenção internacional;
Considerando que a Declaração de Filadélfia afirma que todos os seres humanos têm o direito de buscar o
progresso material e o desenvolvimento espiritual dentro da liberdade e dignidade e com segurança
econômica e oportunidades iguais; Considerando que há nos diversos países independentes populações
indígenas e outras populações tribais e semitribais que não se acham ainda integradas na comunidade nacional
e que sua situação social, econômica e cultural lhes impede de se beneficiar plenamente dos direitos e
vantagens de que gozam os outros elementos da população;
Considerando que é conveniente, tanto do pondo de vista humano como do interesse dos países interessados,
procurar a melhoria das condições de vida e trabalho dessas populações mediante uma ação simultânea sobre
o conjunto de fatores que a mantiveram até aqui à margem do progresso da comunidade nacional de que
fazem parte;
Considerando que a aprovação de normas internacionais de caráter geral sobre o assunto será de molde a
facilitar as providências indispensáveis para assegurar a proteção das comunidades em jogo, sua interação
progressiva nas respectivas comunidades nacionais e a melhoria de suas condições de vida ou de trabalho;
Notando que tais normas foram formuladas em colaboração com as Nações Unidas, a Organização das
Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a Organização da Nações Unidas para a Educação a ciência
e a Cultura e a Organização Mundial da Saúde, nos escalões competentes e nos respectivos setores, e que se
propõe a procurar que as referidas entidades prestem, de maneira contínua, sua colaboração às medidas
destinadas a estimular e assegurar a aplicação de tais normas, aprova aos vinte e seis de junho de mil
novecentos e cinqüenta e sete a presente Convenção, que será intitulada Convenção sobre as Populações
Indígenas e Tribais, 1957.
PARTE I
PRINCÍPIOS GERAIS
Artigo 1º
1. A presente Convenção se aplica:
a) aos membros das populações tribais ou semitribais em países independentes, cujas condições sociais e
econômicas correspondem a um estágio menos adiantado que o atingido pelos outros setores da comunidade
nacional e que sejam regidas, total ou parcialmente, por costumes e tradições que lhes sejam peculiares por
uma legislação especial;
b) aos membros das populações tribais ou semitribais de países independentes que sejam consideradas como
indígenas pelo fato de descenderem das populações que habitavam o país, ou uma região geográfica a que
pertença tal país, na época da conquista ou da colonização e que, qualquer que seja seu estatuto jurídico,
levem uma vida mais conforme às instituições sociais, econômicas e culturais daquela época do que às
instituições peculiares à nação a que pertencem.
2. Para os fins da presente convenção, o termo “semitribal” abrange os grupos e as pessoas que, embora
prestes a perderem suas características tribais, não se achem ainda integrados na comunidade nacional.
3. As populações tribais ou semitribais mencionadas nos parágrafos 1º e 2º do presente artigo são designadas,
nos artigos que se seguem, pela expressão “populações interessadas”.
Artigo 2º
1. Competirá principalmente aos governos pôr em prática programas coordenados e sistemáticos com vistas à
proteção das populações interessadas e sua integração progressiva na vida dos respectivos países.
2. Tais programas compreenderão medidas para:
a) permitir que as referidas populações se beneficiem, em condições de igualdade, dos direitos e
possibilidades que a legislação nacional assegura aos demais elementos da população;
b) promover o desenvolvimento social, econômico e cultural das referidas populações, assim como a melhoria
de seu padrão de vida;
c) criar possibilidades de integração nacional, com exclusão de toda medida destinada à assimilação artificial
dessas populações.
3. Esses programas terão essencialmente por objetivos o desenvolvimento da dignidade, da utilidade social e
da iniciativa do indivíduo.
4. Será excluída a força ou a coerção com o objetivo de integrar as populações interessadas na comunidade
nacional.
Artigo 3º
1. Deverão ser tomadas medidas especiais para proteger as instituições, as pessoas, os bens e o trabalho das
populações interessadas durante o tempo em que sua situação social, econômica e cultural as impeça de gozar
dos benefícios da legislação social do país a que pertencem.
2. Serão tomadas providências para assegurar que tais medidas especiais de proteção:
a) não sirvam para criar ou prolongar um estado de segregação;
b) não permaneçam em vigor além do tempo que perdurar a necessidade de proteção especial e na medida em
que for necessária tal proteção.
3. Essas medidas especiais de proteção não deverão importar em qualquer prejuízo para o gozo, sem
discriminação da generalidade dos direitos inerentes à qualidade de cidadão.
Artigo 4º
Na aplicação das disposições da presente convenção relativas à integração das populações interessadas, será
preciso:
a) tomar devidamente em consideração os valores culturais e religiosos e os métodos de controle social
peculiares a tais populações, assim como a natureza dos problemas que se lhes deparam, tanto do ponto de
vista coletivo como individual, ao serem expostas as modificações de ordem social e econômica;
b) tomar consciência do perigo que pode advir da subversão dos valores e das instituições das referidas
populações, a menos que os mesmos possam ser substituídos de maneira adequada e com o consentimento dos
grupos interessados;
c) empenhar-se em aplainar as dificuldades experimentadas por essas populações na adaptação a novas
condições de vida e trabalho.
Artigo 5º
Na aplicação das disposições da presente convenção relativa à proteção e integração das populações
interessadas, os governos deverão:
a) procurar a colaboração dessas populações e de seus representantes;
b) proporcionar a essas populações a possibilidade de exercer plenamente seu espírito de iniciativa;
c) incentivar por todos os meios possíveis, entre as referidas populações, o desenvolvimento das liberdades
cívicas e o estabelecimento de órgãos eletivos ou a participação em entidades dessa natureza.
Artigo 6º
A melhoria das condições de vida e trabalho das populações interessadas e de seu padrão educacional terá alta
prioridade nos programas gerais de desenvolvimento econômico das regiões por elas habitadas. Os projetos
específicos de desenvolvimento econômico de tais regiões deverão ser igualmente elaborados de maneira a
favorecer esta melhoria.
Artigo 7º
1. Ao serem definidos os direitos e as obrigações das populações interessadas, será preciso levar-se em conta
seu direito costumeiro.
2. Tais populações poderão conservar seus costumes e instituições que sejam incompatíveis com o sistema
jurídico nacional ou com os objetivos dos programas de integração.
3. A aplicação dos parágrafos precedentes do presente artigo não deverá impedir que os membros daquelas
populações se beneficiem, conforme sua capacidade individual, dos direitos reconhecidos a todos os cidadãos
do País e de assumir as obrigações correspondentes.
Artigo 8º
Na medida em que for compatível com os interesses da comunidade nacional e com o sistema jurídico
nacional:
a) os métodos de controle social peculiares às populações interessadas deverão ser utilizados, tanto quanto
possível, para reprimir os delitos cometidos pelos componentes de tais populações;
b) quando não for possível a utilização de tais métodos de controle, as autoridades e os tribunais chamados a
conhecer de tais casos deverão tomar em consideração os costumes dessas populações em matéria penal.
Artigo 9º
Salvo os casos previstos pela lei com relação a todos os cidadãos, a prestação obrigatória de serviços pessoais,
remunerados ou não, imposta seja por que forma o for aos membros das populações interessadas, será
proibida sob pena de sanções legais.
Artigo 10º
1. As pessoas pertencentes às populações interessadas deverão beneficiar-se de uma proteção especial contra
o uso abusivo da detenção preventiva e dispor de meios legais para assegurar a proteção efetiva de seus
direitos fundamentais.
2. Na aplicação a membros das populações interessadas de sanções penais previstas pela legislação geral,
deverá levar-se em conta o grau de desenvolvimento cultural dessas populações.
3. Deverá ser dada preferência antes aos métodos de recuperação que aos de reclusão.
PARTE II
TERRAS
Artigo 11
O direito de propriedade, coletivo ou individual, será reconhecido aos membros das populações interessadas
sobre as terras que ocupem tradicionalmente.
Artigo 12
1. As populações interessadas não deverão ser deslocadas de seus territórios habituais sem seu livre
consentimento, a não ser de conformidade com a legislação nacional, por motivos que visem à segurança
nacional, no interesse do desenvolvimento econômico do país ou no interesse da saúde de tais populações.
2. Quando, em tais casos, se impuser um deslocamento a título excepcional, os interessados receberão terras
de qualidade ao menos igual à das que ocupavam anteriormente e que lhes permitam satisfazer suas
necessidades atuais e assegurar seu desenvolvimento futuro. Quando houver possibilidade de encontrar outra
ocupação ou os interessados preferirem receber uma indenização em espécie ou em dinheiro, serão assim
indenizados com as devidas garantias.
3. As pessoas assim deslocadas deverão ser integralmente indenizadas por toda perda ou dano por elas sofrido
em conseqüência de tal deslocamento.
Artigo 13
1. As modalidades de transmissão dos direitos de propriedade e de disposição das terras, consagradas pelos
costumes das populações interessadas, serão respeitadas no quadro da legislação nacional, na medida em que
atendam às necessidades de tais populações e não prejudiquem seu desenvolvimento econômico e social.
2. Serão tomadas medidas para evitar que pessoas estranhas a essas populações possam prevalecer-se de seus
costumes ou da ignorância dos interessados em relação à lei com o objetivo de adquirir a propriedade ou o uso
de terras pertencentes a essas populações.
Artigo 14
Programas agrários nacionais deverão garantir às populações interessadas condições equivalentes às que se
beneficiam dos demais setores da comunidade nacional, no que respeita:
a) à concessão de terras suplementares quando as terras de tais populações disponham sejam insuficientes
para lhes assegurarem os elementos de uma existência normal ou para fazer face a seu crescimento
demográfico;
b) à concessão dos meios necessários ao aproveitamento das terras já possuídas por tais populações.
PARTE III
RECRUTAMENTO E CONDIÇÕES DE EMPREGO
Artigo 15
1. Cada membro deverá, no quadro de sua legislação nacional, tomar medidas especiais a fim de assegurar aos
trabalhadores pertencentes às populações interessadas uma proteção eficaz no que concerne ao recrutamento e
às condições de emprego durante o tempo em que tais trabalhadores não possam beneficiar-se da proteção que
a lei dispensa aos trabalhadores em geral.
2. Cada membro fará tudo o que estiver ao seu alcance para evitar qualquer discriminação entre os
trabalhadores pertencentes às populações interessadas e os demais trabalhadores, especialmente no que
respeita:
a) ao acesso aos empregos, inclusive os empregos qualificados;
b) à remuneração igual para trabalho de valor igual;
c) à assistência médica e social, à prevenção e reparação dos acidentes de trabalho e às moléstias
profissionais, à higiene do trabalho e ao alojamento;
d) ao direito de associação, ao direito de se entregarem livremente a todas as atividades sindicais que não
sejam contrárias à lei, e ao direito de concluírem convenções coletivas com os empregadores e com
organizações patronais.
PARTE IV
FORMAÇÃO PROFISSIONAL,
ARTESANATO E INDÚSTRIAS RURAIS
Artigo 16
As pessoas pertencentes às populações interessadas gozarão das mesmas facilidades de formação profissional
que os demais cidadãos.
Artigo 17
1. Quando os programas deformação profissional de aplicação geral não atenderem às necessidades peculiares
das pessoas pertencentes às populações interessadas, os governos deverão criar meios especiais de formação
destinados a tais pessoas.
2. Esses meios especiais de formação serão determinados por um estudo detido do meio econômico, do graus
de desenvolvimento cultural e das necessidades reais dos diversos grupos profissionais e das referidas
populações; deverão os mesmos permitir notadamente aos interessados receber a formação necessária para
exercer as ocupações a que essas populações se tenham mostrado tradicionalmente aptas.
3. Esses meios especiais de formação não serão proporcionados a não ser depois que o grau de
desenvolvimento cultural dos interessados o exija; nas fases adiantadas do processo de integração, deverão ser
substituídos pelos meios previstos para os demais cidadãos.
Artigo 18
1. O artesanato e as indústrias rurais das populações interessadas serão estimulados na medida em que
constituírem fatores de desenvolvimento econômico, de maneira a auxiliar tais populações e elevar seu padrão
de vida e a se adaptar aos modernos métodos de produção e de colocação das mercadorias.
2. O artesanato e as indústrias rurais serão desenvolvidos, de modo a salvaguardar o patrimônio cultural
dessas populações e a melhorar seus valores artísticos e seus meios de expressão cultural.
PARTE V
SEGURANÇA SOCIAL E SAÚDE
Artigo 19
Os regimes de segurança social existentes serão progressivamente ampliados, na medida do possível, de modo
a abrangerem:
a) os assalariados pertencentes às populações interessadas;
b) as demais pessoas pertencentes a essas populações.
Artigo 20
1. Os governos assumirão a responsabilidade de colocar serviços de saúde adequados à disposição das
populações interessadas.
2. A organização desses serviços, será baseada no estudo sistemático das condições sociais, econômicas e
culturais das populações interessadas.
3. O desenvolvimento de tais serviços acompanhará a aplicação de medidas gerais de progresso social,
econômico e cultural.
PARTE VI
EDUCAÇÃO E MEIOS DE INFORMAÇÃO
Artigo 21
Serão tomadas medidas para assegurar aos membros das populações interessadas a possibilidade de adquirir
uma educação em todos os níveis em pé de igualdade com o resto da comunidade nacional
Artigo 22
1. Os programas de educação destinados às populações interessadas serão adaptados, no que respeita aos
métodos e `s técnicas, ao grau de integração social, econômica ou cultural dessas populações na comunidade
nacional.
2. A elaboração de tais programas deverá ser normalmente precedida de estudos etnológicos.
Artigo 23
1. Será ministrado às crianças pertencentes às populações interessadas ensino para capacitá-las a ler e escrever
em sua língua materna, ou, em caso de impossibilidade, na língua mais comumente empregada pelo grupo a
que pertençam.
2. Deverá ser assegurada a transição progressiva da língua materna ou vernacular para a língua nacional ou
para uma das línguas oficiais do país.
3. Serão tomadas, na medida do possível, as devidas providências para salvaguardar a língua materna ou
vernacular.
Artigo 24
O ensino primário deverá ter órgão objetivo dar às crianças pertencentes às populações interessadas
conhecimento gerais e aptidões que as auxiliem e se integrarem na comunidade nacional.
Artigo 25
Deverão ser tomadas medidas de caráter educativo nos demais setores da comunidade nacional e,
especialmente, nos que forem mais diretamente ligados às populações interessadas; a fim de eliminar
preconceitos que aqueles porventura alimentem em relação a estas últimas.
Artigo 26
1. Os governos deverão tomar medidas adaptadas às particularidades sociais e culturais das populações
interessadas com o objetivo de lhes fazer conhecer seus direitos e obrigações especialmente no que diz
respeito ao trabalho e os serviços sociais.
2. Se necessário, serão utilizadas para esse fim traduções escritas e informações largamente difundidas nas
línguas dessas populações.
PARTE VII
ADMINISTRAÇÃO
Artigo 27
1. A autoridade governamental responsável pelas questões que são objeto da presente Convenção deverá criar
ou desenvolver instituições encarregadas de administrar os programas em apreço.
2. Tais programas deverão incluir:
a) a planificação, coordenação e aplicação de medidas adequadas para o desenvolvimento social, econômico e
cultural das populações em causa;
b)a proposta às autoridades competentes de medidas legislativas e de outra natureza;
c) o controle da aplicação de tais medidas.
PARTE VIII
DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 28
A natureza e o alcance das medidas que deverão ser tomadas para dar cumprimento à presente Convenção
deverão ser determinados com flexibilidade levando-se em conta as condições particulares de cada país.
Artigo 29
A aplicação das disposições da presente Convenção não importará em prejuízo para as vantagens garantidas
às populações interessadas em virtude de disposições de outras convenções ou recomendações.
Artigo 30
As ratificações formais da presente Convenção serão comunicadas ao Diretor-Geral da Repartição
Internacional do Trabalho e por ele registradas.
Artigo 31
1. A presente Convenção não obrigará senão aos membros da Organização Internacional do Trabalho cuja
ratificação tenha sido registrada pelo Diretor-Geral.
2. Esta Convenção entrará em vigor doze meses depois que as ratificações de dois membros tiverem sido
registradas (PE) Diretor-Geral.
3. Em seguida, a presente Convenção entrará em vigor para cada membro doze meses depois da data em que a
ratificação do mesmo tenha sido registrada .
Artigo 32
Todo Membro que tenhas ratificado a presente Convenção poderá denunciá-la ao término de um período de
dez anos a contar da data da entrada em vigor inicial da mesma, órgão ato comunicado ao Diretor-Geral da
Repartição Internacional do Trabalho e por este registrado. A denúncia não se tornará efetiva senão um ano
depois de ter sido registrada.
2. Todo Membro que tenha ratificado a presente Convenção e que, no espaço de um ano após a expiração do
período de dez anos, mencionado no parágrafo anterior, não faça uso da faculdade de denúncia prevista no
presente artigo, ficará obrigado por um novo período de dez anos, podendo depois denunciar a atual
Convenção ao expirar cada período de dez anos nas condições previstas no presente artigo.
Artigo 33
1. O Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho notificará todos os membros da Organização
Internacional do Trabalho sobre o registro de todas as ratificações e denúncias que lhe sejam comunicadas
pelo Membro da Organização.
2. Ao notificar os Membros da Organização o registro da segunda ratificação que lhe tenha sido comunicado,
o Diretor-Geral chamará a atenção dos membros da Organização para a data em que a presente Convenção
entrará em vigor.
Artigo 34
O Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho comunicará ao Secretário-Geral das Nações Unidas,
para fins de registro, nos termos do artigo 102 da Carta das Nações Unidas, informações completas sobre
todas as ratificações e todos os atos de denúncia que tenha registrado em conformidade com os artigos
precedentes.
Artigo 35
Sempre que julgar necessário, o Conselho de Administração da Repartição Internacional do Trabalho
apresentará à Conferência Geral um relatório sobre a aplicação da presente Convenção e examinará se cabe
incluir na ordem do dia da Conferência Geral um relatório sobre a aplicação da presente Convenção e
examinará se cabe incluir na ordem do dia da Conferência a questão de sua revisão total ou parcial.
Artigo 36
1. No caso de adotar a Conferência uma nova convenção que importe em revisão total ou parcial da presente
Convenção e a menos que a nova convenção não disponha em contrário:
a) a ratificação da nova convenção por um Membro, que importe em revisão, acarretaria de pleno direito, não
obstante o artigo 32 acima, a denúncia imediata da presente Convenção, sob reserva de que a nova Convenção
tenha entrado em vigor;
b) a partir da data de entrada em vigor da nova Convenção, a presente Convenção deixaria de ficar aberta à
ratificação dos Membros
2. A presente Convenção permaneceria, entretanto, em vigor em sua forma e conteúdo para os membros que a
tivessem ratificados, e que não ratificassem a nova Convenção.
Artigo 37
As versões francesa e inglesa do texto da presente Convenção fazem igualmente fé.
O texto que precede é o texto autêntico da Convenção devidamente aprovada pela Conferência Geral da
Organização Internacional do Trabalho em sua quadragésima sessão, realizada em Genebra e que foi
encerrada em 27 de junho de 1957.
Em fé do que, apuseram suas assinaturas aos quatro de julho do ano de 1957. - David A. Morse, Diretor-Geral
da Repartição Internacional do Trabalho - Harold Holt, Presidente da Conferência.
* Aprovada pelo Decreto Legislativo nº 20, de 1965, e promulgada pelo Decreto nº 58.824, de 1966.
/
Convenção n° 169 da OIT sobre Povos Indígenas e Tribais
A Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho,
Convocada em Genebra pelo Conselho Administrativo da Repartição Internacional do Trabalho e tendo ali se reunido
a 7 de junho de 1989, em sua septuagésima sexta sessão;
Observando as normas internacionais enunciadas na Convenção e na Recomendação sobre populações
indígenas e tribais, 1957;
Lembrando os termos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, do Pacto Internacional dos Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais, do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e dos numerosos instrumentos
internacionais sobre a prevenção da discriminação;
Considerando que a evolução do direito internacional desde 1957 e as mudanças sobrevindas na situação dos povos
indígenas e tribais em todas as regiões do mundo fazem com que seja aconselhável adotar novas normas
internacionais nesse assunto, a fim de se eliminar a orientação para a assimilação das normas anteriores;
Reconhecendo as aspirações desses povos a assumir o controle de suas próprias instituições e formas de vida e seu
desenvolvimento econômico, e manter e fortalecer suas identidades, línguas e religiões, dentro do âmbito dos Estados
onde moram;
Observando que em diversas partes do mundo esses povos não podem gozar dos direitos humanos fundamentais no
mesmo grau que o restante da população dos Estados onde moram e que suas leis, valores, costumes e perspectivas
têm sofrido erosão freqüentemente;
Lembrando a particular contribuição dos povos indígenas e tribais à diversidade cultural, à harmonia social e
ecológica da humanidade e à cooperação e compreensão internacionais;
Observando que as disposições a seguir foram estabelecidas com a colaboração das Nações Unidas, da Organização
das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação, da Organização das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura e da Organização M undial da Saúde, bem como do Instituto Indigenista Interamericano, nos níveis
apropriados e nas suas respectivas esferas, e que existe o propósito de continuar essa colaboração a fim de promover e
assegurar a aplicação destas disposições;
Após ter decidido adotar diversas propostas sobre a revisão parcial da Convenção sobre populações Indígenas e
Tribais, 1957 (n.o 107), o assunto que constitui o quarto item da agenda da sessão, e
Após ter decidido que essas propostas deveriam tomar a forma de uma Convenção Internacional que revise a
Convenção Sobre Populações Indígenas e Tribais, 1957, adota, neste vigésimo sétimo dia de junho de mil novecentos
e oitenta e nove, a seguinte Convenção, que será denominada Convenção Sobre os Povos Indígenas e Tribais, 1989:
PARTE l- POLÍTICA GERAL
Artigo 1 °
1. A presente convenção aplica-se:
a) aos povos tribais em países independentes, cujas condições sociais, culturais e econômicas os distingam de outros
setores da coletividade nacional, e que estejam regidos, total ou parcialmente, por seus próprios costumes ou tradições
ou por legislação especial;
b) aos povos em países independentes, considerados indígenas pelo fato de descenderem de populações que
habitavam o país ou uma região geográfica pertencente ao país na época da conquista ou da colonização ou do
estabelecimento das atuais fronteiras estatais e que, seja qual for sua situação jurídica, conservam todas as suas
próprias instituições sociais, econômicas, culturais e políticas, ou parte delas.
2. A consciência de sua identidade indígena ou tribal deverá ser considerada como critério fundamental para
determinar os grupos aos que se aplicam as disposições da presente Convenção.
3. A utilização do termo "povos" na presente Convenção não deverá ser interpretada no sentido de ter implicação
alguma no que se refere aos direitos que possam ser conferidos a esse termo no direito internacional.
Artigo 2°
1.Os governos deverão assumir a responsabilidade de desenvolver, com a participação dos povos interessados, uma
ação coordenada e sistemática com vistas a proteger os direitos desses povos e a garantir o respeito pela sua
integridade.
2.Essa ação deverá incluir medidas:
a) que assegurem aos membros desses povos o gozo, em condições de igualdade, dos direitos e oportunidades que a
legislação nacional outorga aos demais membros da população;
b) que promovam a plena efetividade dos direitos sociais, econômicos e culturais desses povos, respeitando a sua
identidade social e cultural, os seus costumes e tradições, e as suas instituições;
c) que ajudem os membros dos povos interessados a eliminar as diferenças sócio
-
econômicas que possam existir
entre os membros indígenas e os demais membros da comunidade nacional, de maneira compatível com suas
aspirações e formas de vida.
Artigo 3°
1. Os povos indígenas e tribais deverão gozar plenamente dos direitos humanos e liberdades fundamentais, sem
obstáculos nem discriminação. As disposições desta Convenção serão aplicadas sem discriminação aos homens e
mulheres desses povos.
2. Não deverá ser empregada nenhuma forma de força ou de coerção que viole os direitos humanos e as liberdades
fundamentais dos povos interessados, inclusive os direitos contidos na presente Convenção.
Artigo 4°
1. Deverão ser adotadas as medidas especiais que sejam necessárias para salvaguardar as pessoas, as instituições, os
bens, as culturas e o meio ambiente dos povos interessados.
2. Tais medidas especiais não deverão ser contrárias aos desejos expressos livremente pelos povos interessados.
3. O gozo sem discriminação dos direitos gerais da cidadania não deverá sofrer nenhuma deterioração como
conseqüência dessas medidas especiais.
Artigo 5°
Ao se aplicar as disposições da presente Convenção:
a) deverão ser reconhecidos e protegidos os valores e práticas sociais, culturais religiosos e espirituais próprios dos
povos mencionados e dever-se-á levar na devida consideração a natureza dos problemas que lhes sejam apresentados,
tanto coletiva como individualmente
;
b) deverá ser respeitada a integridade dos valores, práticas e instituições desses povos;
c) deverão ser adotadas, com a participação e cooperação dos povos interessados, medidas voltadas a aliviar as
dificuldades que esses povos experimentam ao enfrentarem novas condições de vida e de trabalho.
Artigo 6°
1. Ao aplicar as disposições da presente Convenção, os governos deverão:
a) consultar os povos interessados, mediante procedimentos apropriados e, particularmente, através de suas
instituições representativas, cada vez que sejam previstas medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de
afetá-Ios diretamente;
b) estabelecer os meios através dos quais os povos interessados possam participar livremente, pelo menos na mesma
medida que outros setores da população e em todos os níveis, na adoção de decisões em instituições efetivas ou
organismos administrativos e de outra natureza responsáveis pelas políticas e programas que lhes sejam concernentes;
c) estabelecer os meios para o pleno desenvolvimento das instituições e iniciativas dos povos e, nos casos apropriados,
fornecer os recursos necessários para esse fim.
2. As consultas realizadas na aplicação desta Convenção deverão ser efetuadas com boa fé e de maneira apropriada às
circunstâncias, com o objetivo de se chegar a um acordo e conseguir o consentimento acerca das medidas propostas.
Artigo 7º
I. Os povos interessados deverão ter o direito de escolher suas, próprias prioridades no que diz respeito ao processo de
desenvolvimento, na medida em que ele afete as suas vidas, crenças, instituições e bem-estar espiritual, bem como as
terras que ocupam ou utilizam de alguma forma, e de controlar, na medida do possível, o seu próprio desenvolvimento
econômico, social e cultural. Além disso, esses povos deverão participar da formulação, aplicação e avaliação dos
planos e programas de desenvolvimento nacional e regional suscetíveis de afetá-Ios diretamente.
2. A melhoria das condições de vida e de trabalho e do nível de saúde e educação dos povos interessados, com a sua
participação e cooperação, deverá ser prioritária nos planos de desenvolvimento econômico global das regiões onde
eles moram. Os projetos especiais de desenvolvimento para essas regiões também deverão ser elaborados de forma a
promoverem essa melhoria.
3. Os governos deverão zelar para que, sempre que for possível, sejam efetuados estudos junto aos povos interessados
com o objetivo de se avaliar a incidência social, espiritual e cultural e sobre o meio ambiente que as atividades de
desenvolvimento, previstas, possam ter sobre esses povos. Os resultados desses estudos deverão ser considerados
como critérios fundamentais para a execução das atividades mencionadas.
4. Os governos deverão adotar medidas em cooperação com os povos interessados para proteger e preservar o meio
ambiente dos territórios que eles habitam.
Artigo 8º
I. Ao aplicar a legislação nacional aos povos interessados deverão ser levados na devida consideração seus costumes
ou seu direito consuetudinário.
2. Esses povos deverão ter o direito de conservar seus costumes e instituições próprias, desde que eles não sejam
incompatíveis com os direitos fundamentais definidos pelo sistema jurídico nacional nem com os direitos humanos
internacionalmente reconhecidos. Sempre que for necessário, deverão ser estabelecidos procedimentos para se
solucionar os conflitos que possam surgir na aplicação deste principio.
3. A aplicação dos parágrafos I e 2 deste Artigo não deverá impedir que os membros desses povos exerçam os direitos
reconhecidos para todos os cidadãos do país e assumam as obrigações correspondentes.
Artigo 90
I. Na medida em que isso for compatível com o sistema jurídico nacional e com os direitos humanos
internacionalmente reconhecidos, deverão ser respeitados os métodos aos quais os povos interessados recorrem
tradicionalmente para a repressão dos delitos cometidos pelos seus membros.
2. As autoridades e os tribunais solicitados para se pronunciarem sobre questões penais deverão levar em conta os
costumes dos povos mencionados a respeito do assunto.
Artigo 10
1. Quando sanções penais sejam impostas pela legislação geral a membros dos povos mencionados, deverão ser
levadas em conta as suas características econômicas, sociais e culturais.
2. Dever-se-á dar preferência a tipos de punição outros que o encarceramento.
Artigo 11
A lei deverá proibir a imposição, a membros dos povo interessados, de serviços pessoais obrigatórios de qualquer
natureza, remunerados ou não, exceto nos casos previstos pela lei para todos os cidadãos.
Artigo 12
Os povos interessados deverão ter proteção contra a violação de seus direitos, e poder iniciar
procedimentos legais, seja pessoalmente, seja mediante os seus organismos representativos, para
assegurar o respeito efetivo desses direitos. Deverão ser adotadas medidas para garantir que os membros
desses povos possam compreender e se fazer compreender em procedimentos legais, facilitando para
eles, se for necessário, intérpretes ou outros meios eficazes.
PARTE 11
–
TERRAS
Artigo 13
1. Ao aplicarem as disposições desta parte da Convenção, os governos deverão respeitar a importância especial que
para as culturas e valores espirituais dos povos interessados possui a sua relação com as terras ou territórios, ou com
ambos, segundo os casos, que eles ocupam ou utilizam de alguma maneira e, particularmente, os aspectos coletivos
dessa relação.
2. A utilização do termo "terras" nos Artigos 15 e 16 deverá incluir o conceito de territórios, o que abrange a totalidade
do habitat das regiões que os povos interessados ocupam ou utilizam de alguma outra forma.
Artigo 14
1. Dever-se-á reconhecer aos povos interessados os direitos de propriedade e de posse sobre as terras que
tradicionalmente ocupam. Além disso, nos casos apropriados, deverão ser adotadas medidas para salvaguardar o
direito dos povos interessados de utilizar terras que não estejam exclusivamente ocupadas por eles, mas às quais,
tradicionalmente, tenham tido acesso para suas atividades tradicionais e de subsistência. Nesse particular, deverá ser
dada especial atenção à situação dos povos nômades e dos agricultores itinerantes.
2. Os governos deverão adotar as medidas que sejam necessárias para determinar as terras que os povos interessados
ocupam tradicionalmente e garantir a proteção efetiva dos seus direitos de propriedade e posse.
3. Deverão ser instituídos procedimentos adequados no âmbito do sistema jurídico nacional para solucionar as
reivindicações de terras formuladas pelos povos interessados.
Artigo 15
1. Os direitos dos povos interessados aos recursos naturais existentes nas suas terras deverão ser especialmente
protegidos. Esses direitos abrangem o direito desses povos a participarem da utilização, administração e conservação
dos recursos mencionados.
2. Em caso de pertencer ao Estado a propriedade dos minérios ou dos recursos do subsolo, ou de ter direitos sobre
outros recursos, existentes na terras, os governos deverão estabelecer ou manter procedimentos com vistas a consultar
os povos interessados, a fim de se determinar se os interesses desses povos seriam prejudicados, e em que medida,
antes de se empreender ou autorizar qualquer programa de prospecção ou exploração dos recursos existentes nas suas
terras. Os povos interessados deverão participar sempre que for possível dos benefícios que essas atividades
produzam, e receber indenização equitativa por qualquer dano que possam sofrer como resultado dessas atividades.
Artigo 16
1. Com reserva do disposto nos parágrafos a seguir do presente Artigo, os povos interessados não deverão ser
transladados das terras que ocupam.
2. Quando, excepcionalmente, o translado e o reassentamento desses povos sejam considerados necessários, só
poderão ser efetuados com o consentimento dos mesmos, concedido livremente e com pleno conhecimento de causa.
Quando não for possível obter o seu consentimento, o translado e o reassentamento só poderão ser realizados após a
conclusão de procedimentos adequados estabelecidos pela legislação nacional, inclusive enquetes públicas, quando
for apropriado, nas quais os povos interessados tenham a possibilidade de estar efetivamente representados.
3. Sempre que for possível, esses povos deverão ter o direito de voltar a suas terras tradicionais assim que deixarem de
existir as causas que motivaram seu translado e reassentamento.
4. Quando o retomo não for possível, conforme for determinado por acordo ou, na ausência de tais acordos, mediante
procedimento adequado, esses povos deverão receber, em todos os casos em que for possível, terras cuja qualidade e
cujo estatuto jurídico sejam pelo menos iguais aqueles das terras que ocupavam anteriormente, e que lhes permitam
cobrir suas necessidades e garantir seu desenvolvimento futuro. Quando os povos interessados prefiram receber
indenização em dinheiro ou em bens, essa indenização deverá ser concedida com as garantias apropriadas.
5. Deverão ser indenizadas plenamente as pessoas transladadas e reassentadas por qualquer perda ou dano que tenham
sofrido como conseqüência do seu deslocamento.
Artigo 17
1. Deverão ser respeitadas as modalidades de transmissão dos direitos sobre a terra entre os membros dos povos
interessados estabelecidas por esses povos.
2. Os povos interessados deverão ser consultados sempre que for considerada sua capacidade para alienarem suas
terras ou transmitirem de outra forma os seus direitos sobre essas terras para fora de sua comunidade.
3. Dever-se-á impedir que pessoas alheias a esses povos possam se aproveitar dos costumes dos mesmos ou do
desconhecimento das leis por parte dos seus membros para se arrogarem a propriedade, a posse ou o uso das terras a
eles pertencentes.
Artigo 18
A lei deverá prever sanções apropriadas contra toda intrusão não autorizada nas terras dos povos interessados ou
contra todo uso não autorizado das mesmas por pessoas alheias a eles, e os governos deverão adotar medidas para
impedirem tais infrações.
Artigo 19
Os programas agrários nacionais deverão garantir aos povos interessados condições equivalentes às desfrutadas por
outros setores da população, para fins de:
a) a alocação de terras para esses povos quando as terras das que dispunham sejam insuficientes para lhes garantir os
elementos de uma existência normal ou para enfrentarem o seu possível crescimento numérico;
b) a concessão dos meios necessários para o desenvolvimento das terras que esses povos já possuam.
PARTE III - CONTRATAÇÃO E CONDIÇÕES DE EMPREGO
Artigo 20
1. Os governos deverão adotar, no âmbito da legislação nacional e em cooperação com os povos interessados,
medidas especiais para garantir aos trabalhadores pertencentes a esses povos uma proteção eficaz em matéria de
contratação e condições de emprego, na medida em que não estejam protegidas eficazmente pela legislação aplicável
aos trabalhadores em geral.
2. Os governos deverão fazer o que estiver ao seu alcance para evitar qualquer discriminação entre os trabalhadores
pertencentes ao povos interessados e os demais trabalhadores, especialmente quanto a:
a) acesso ao emprego, inclusive aos empregos qualificados e às medidas de promoção e ascensão;
b) remuneração igual por trabalho de igual valor;
c) assistência médica e social, segurança e higiene no trabalho, todos os benefícios da seguridade social e demais
benefícios derivados do emprego, bem como a habitação;
d) direito de associação, direito a se dedicar livremente a todas as atividades sindicais para fins lícitos, e direito a
celebrar convênios coletivos com empregadores ou com organizações patronais.
3. As medidas adotadas deverão garantir, particularmente, que:
a) os trabalhadores pertencentes aos povos interessados, inclusive os trabalhadores sazonais, eventuais e migrantes
empregados na agricultura ou em outras atividades, bem como os empregados por empreiteiros de mão-de-obra,
gozem da proteção conferida pela legislação e a prática nacionais a outros trabalhadores dessas categorias nos
mesmos setores, e sejam plenamente informados dos seus direitos de acordo com a legislação trabalhista e dos
recursos de que dispõem;
b) os trabalhadores pertencentes a esses povos não estejam submetidos a condições de trabalho perigosas para sua
saúde, em particular como conseqüência de sua exposição a pesticidas ou a outras substâncias tóxicas;
c) os trabalhadores pertencentes a esses povos não sejam submetidos a sistemas de contratação coercitivos,
incluindo-se todas as formas de servidão por dívidas;
d) os trabalhadores pertencentes a esses povos gozem da igualdade de oportunidade e de tratamento para homens e
mulheres no emprego e de proteção contra o acossamento sexual.
4. Dever-se-á dar especial atenção à criação de serviços adequados de inspeção do trabalho nas regiões
donde trabalhadores pertencentes aos povos interessados exerçam atividades assalariadas, a fim de
garantir o cumprimento das disposições desta parte da presente Convenção.
INDÚSTRIAS RURAIS
Artigo 21
Os membros dos povos interessados deverão poder dispor de meios de formação profissional pelo menos iguais
àqueles dos demais cidadãos.
Artigo 22
1. Deverão ser adotadas medidas para promover a participação voluntária de membros dos povos interessados em
programas de formação profissional de aplicação geral.
2. Quando os programas de formação profissional de aplicação geral existentes não atendam as necessidades especiais
dos povos interessados, os governos deverão assegurar, com a participação desses povos, que sejam colocados à
disposição dos mesmos programas e meios especiais de formação.
3. Esses programas especiais de formação deverão estar baseado no entorno econômico, nas condições sociais e
culturais e nas necessidades concretas dos povos interessados. Todo levantamento neste particular deverá ser
realizado em cooperação com esses povos, os quais deverão ser consultados sobre a organização e o funcionamento
de tais programas. Quando for possível, esses povos deverão assumir progressivamente a responsabilidade pela
organização e o funcionamento de tais programas especiais de formação, se assim decidirem.
Artigo 23
1. O artesanato, as indústrias rurais e comunitárias e as atividades tradicionais e relacionadas com a economia de
subsistência dos povos interessados, tais como a caça, a pesca com armadilhas e a colheita, deverão ser reconhecidas
como fatores importantes da manutenção de sua cultura e da sua auto suficiência e desenvolvimento econômico. Com
a participação desses povos, e sempre que for adequado, os governos deverão zelar para que sejam fortalecidas e
fomentadas essas atividades.
2. A pedido dos povos interessados, deverá facilitar-se aos mesmos, quando for possível, assistência técnica e
financeira apropriada que leve em conta as técnicas tradicionais e as características culturais desses povos e a
importância do desenvolvimento sustentado e equitativo.
PARTE V - SEGURIDADE SOCIAL E SAÚDE
Artigo 24
Os regimes de seguridade social deverão ser estendidos progressivamente aos povos interessados e aplicados aos
mesmos sem discriminação alguma.
Artigo 25
1. Os governos deverão zelar para que sejam colocados à disposição dos povos interessados serviços de saúde
adequados ou proporcionar a esses povos os meios que lhes permitam organizar e prestar tais serviços sob a sua
própria responsabilidade e controle, a fim de que possam gozar do nível máximo possível de saúde física e mental.
2. Os serviços de saúde deverão ser organizados, na medida do possível, em nível comunitário. Esses serviços deverão
ser planejados e administrados em cooperação com os povos interessados e levar em conta as suas condições
econômicas, geográficas, sociais e culturais, bem como os seus métodos de prevenção, práticas curativas e
medicamentos tradicionais.
3. O sistema de assistência sanitária deverá dar preferência à formação e ao emprego de pessoal sanitário da
comunidade local e se centrar no atendimento primário à saúde, mantendo ao mesmo tempo estreitos vínculos com os
demais níveis de assistência sanitária.
4. A prestação desses serviços de saúde deverá ser coordenada com as demais medidas econômicas e culturais que
sejam adotadas no país.
PARTE VI - EDUCAÇÃO E MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Artigo 26
Deverão ser adotadas medidas para garantir aos membros dos povos interessados a possibilidade de adquirirem
educação em todos o níveis, pelo menos em condições de igualdade com o restante da comunidade nacional.
Artigo 27
1. Os programas e os serviços de educação destinados aos povos interessados deverão ser desenvolvidos e aplicados
em cooperação com eles a fim de responder às suas necessidades particulares, e deverão abranger a sua história, seus
conhecimentos e técnicas, seus sistemas de valores e todas suas demais aspirações sociais, econômicas e culturais.
2. A autoridade competente deverá assegurar a formação de membros destes povos e a sua participação na formulação
e execução de programas de educação, com vistas a transferir progressivamente para esses povos a responsabilidade
de realização desses programas, quando for adequado.
3. Além disso, os governos deverão reconhecer o direito desses povos de criarem suas próprias instituições e meios de
educação, desde que tais instituições satisfaçam as normas mínimas estabelecidas pela autoridade competente em
consulta com esses povos. Deverão ser facilitados para eles recursos apropriados para essa finalidade.
Artigo 28
1. Sempre que for viável, dever-se-á ensinar às crianças dos povos interessados a ler e escrever na sua própria língua
indígena ou na língua mais comumente falada no grupo a que pertençam. Quando isso não for viável, as autoridades
competentes deverão efetuar consultas com esses povos com vistas a se adotar medidas que permitam atingir esse
objetivo.
2. Deverão ser adotadas medidas adequadas para assegurar que esses povos tenham a oportunidade de chegarem a
dominar a língua nacional ou uma das línguas oficiais do país.
3. Deverão ser adotadas disposições para se preservar as línguas indígenas dos povos interessados e promover o
desenvolvimento e prática das mesmas.
Artigo 29
Um objetivo da educação das crianças dos povos interessados deverá ser o de lhes ministrar conhecimentos gerais e
aptidões que lhes permitam participar plenamente e em condições de igualdade na vida de sua própria comunidade e
na da comunidade nacional.
Artigo 30
1. Os governos deverão adotar medidas de acordo com as tradições e culturas dos povos interessados, a fim de lhes dar
a conhecer seus direitos e obrigações especialmente no referente ao trabalho e às possibilidades econômicas, às
questões de educação e saúde, aos serviços sociais e aos direitos derivados da presente Convenção.
2. Para esse fim, dever-se-á recorrer, se for necessário, a traduções escritas e à utilização dos meios de comunicação de
massa nas línguas desses povos.
Artigo 31
Deverão ser adotadas medidas de caráter educativo em todos os setores da comunidade nacional, e
especialmente naqueles que estejam em contato mais direto com os povos interessados, com o objetivo
de se eliminar os preconceitos que poderiam ter com relação a esses povos. Para esse fim, deverão ser
realizados esforços para assegurar que os livros de História e demais materiais didáticos ofereçam uma
descrição equitativa, exata e instrutiva das sociedades e culturas dos povos interessados.
P ARTE VII - CONTA TOS E COOPERAÇÃO A TRAVÉS DAS FRONTEIRAS
Artigo 32
Os governos deverão adotar medidas apropriadas, inclusive mediante acordos internacionais, para facilitar os contatos
e a cooperação entre povos indígenas e tribais através das fronteiras, inclusive as atividades nas áreas econômica,
social, cultural, espiritual e do meio ambiente.
PARTE VIII- ADMINISTRAÇÃO
Artigo 33
1. A autoridade governamental responsável pelas questões que a presente Convenção abrange deverá se assegurar de
que existem instituições ou outros mecanismos apropriados para administrar os programas que afetam os povos
interessados, e de que tais instituições ou mecanismos dispõem dos meios necessários para o pleno desempenho de
suas funções.
2. Tais programas deverão incluir:
a) o planejamento, coordenação, execução e avaliação, em cooperação com os povos interessados, das medidas
previstas na presente Convenção;
b) a proposta de medidas legislativas e de outra natureza às autoridades competentes e o controle da
aplicação das medidas adotadas em cooperação com os povos interessados.
PARTE IX - DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 34
A natureza e o alcance das medidas que sejam adotadas para por em efeito a presente Convenção
deverão ser determinadas com flexibilidade, levando em conta as condições próprias de cada país.
Artigo 35
A aplicação das disposições da presente Convenção não deverá prejudicar os direitos e as vantagens garantidos aos
povos interessados em virtude de outras convenções e recomendações, instrumentos internacionais, tratados, ou leis,
laudos, costumes ou acordos nacionais.
PARTE X - DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 36
Esta Convenção revisa a Convenção Sobre Populações Indígenas e Tribais, 1957.
Artigo 37
As ratificações formais da presente Convenção serão transmitidas ao Diretor-Geral da Repartição Internacional do
Trabalho e por ele registradas.
Artigo 38
1. A presente Convenção somente vinculará os Membros da Organização Internacional do Trabalho cujas ratificações
tenham sido registradas pelo Diretor-Geral.
2. Esta Convenção entrará em vigor doze meses após o registro das ratificações de dois Membros por parte do
Diretor-Geral.
3. Posteriormente, esta Convenção entrará em vigor, para cada Membro, doze meses após o registro da sua ratificação.
Artigo 39
1. Todo Membro que tenha ratificado a presente Convenção poderá denunciá-Ia após a expiração de um período de
dez anos contados da entrada em vigor mediante ato comunicado ao Diretor- Geral da Repartição Internacional do
Trabalho e por ele registrado. A denúncia só surtirá efeito um ano após o registro.
2. Todo Membro que tenha ratificado a presente Convenção e não fizer uso da faculdade de denúncia prevista pelo
parágrafo precedente dentro do prazo de um ano após a expiração do período de dez anos previsto pelo presente
Artigo, ficará obrigado por um novo período de dez anos e, posteriormente, poderá denunciar a presente Convenção
ao expirar cada período de dez anos, nas condições previstas no presente Artigo.
Artigo 40
1. O Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho notificará a todos os Membros da Organização
Internacional do Trabalho o registro de todas as ratificações, declarações e denúncias que lhe sejam comunicadas
pelos Membros da Organização.
2. Ao notificar aos Membros da Organização o registro da segundo ratificação que lhe tenha sido comunicada, o
Diretor-Geral chamará atenção dos Membros da Organização para a data de entrada em vigor da presente Convenção.
Artigo 41
O Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho comunicará ao Secretário
-
Geral das Nações Unidas, para
fins de registro, conforme o Artigo 102 da Carta das Nações Unidas, as informações completas referentes a quaisquer
ratificações, declarações e atos de denúncia que tenha registrado de acordo com os Artigos anteriores.
Artigo 42
Sempre que julgar necessário, o Conselho de Administração da Repartição Internacional do Trabalho deverá
apresentar à Conferência Geral um relatório sobre a aplicação da presente Convenção e decidirá sobre a oportunidade
de inscrever na agenda da Conferência a questão de sua revisão total ou parcial.
Artigo 43
1. Se a Conferência adotar uma nova Convenção que revise total ou parcialmente a presente Convenção, e a menos
que a nova Convenção disponha contrariamente:
a) a ratificação, por um Membro, da nova Convenção revista implicará de pleno direito, não obstante o disposto pelo
Artigo 39, supra, a denúncia imediata da presente Convenção, desde que a nova Convenção revista tenha entrado em
vigor;
b) a partir da entrada em vigor da Convenção revista, a presente Convenção deixará de estar aberta à ratificação dos
Membros.
2. A presente Convenção continuará em vigor, em qualquer caso em sua forma e teor atuais, para os Membros que a
tiverem ratificado e que não ratificarem a Convenção revista.
Artigo 44
As versões inglesa e francesa do texto da presente Convenção são igualmente autênticas.
