V.20, nº 42, 2022 (maio-agosto) ISSN: 1808-799 X
Marcelo Ubal Camacho2
Partiendo de una caracterización y contextualización de la Reforma de Córdoba, proponemos un aggiornamento de los principios de la Reforma, priorizando un grupo de autores y en especial los aportes del CRES3 celebrado en 2018. Finalmente realizamos una breve presentación de la relevancia de la Reforma en Uruguay, planteando un análisis de la Ley 19.043 de creación de UTEC a la luz de
los principios reformistas y proponiendo algunas reflexiones sobre la ausencia de fundamentos de las
autoridades educativas de Uruguay a la hora de catalogar de obsoletos los lineamientos reformistas. Palabras claves: Reforma de Córdoba. CRES. Educación Superior. Democratización del conocimiento. Educación Superior Tecnológica en Uruguay.
A partir de uma caracterização e contextualização da Reforma de Córdoba, propomos uma atualização dos seus princípios, priorizando um conjunto de autores e principalmente as contribuições do CRES realizadas em 2018. Por fim, fazemos uma breve apresentação da relevância da Reforma no Uruguai, propondo uma análise da Lei 19.043 que cria a UTEC à luz dos princípios reformistas e propondo algumas reflexões sobre a ausência de fundamentos das autoridades educacionais do Uruguai ao catalogar as diretrizes reformistas como obsoletas.
Starting from a characterization and contextualization of the Cordoba Reform, the article proposes an update of the principles of the Reform, prioritizing a group of authors and especially the contributions of the CRES held in 2018. Finally, it makes a brief presentation of the Reform´s relevance in Uruguay, proposing an analysis of UTEC Creating Law 19,043 in light of the reformist principles and presenting some reflections based on the absence of foundations of the educational authorities of Uruguay when cataloging the reformist guidelines as obsolete.
1 Recebido em 15/05/2022. Primeira avaliação: 19/05/2022. Segunda avaliação:15/06/2022. Aprovado em 16/06/2022. Publicado em 21/07/2022. DOI: https://doi.org/10.22409/tn.v20i42.54236.
2 Doctorando en Educación por la Universidad de la República (UdelaR). Profesor Efectivo de Pedagogía Social en el Consejo de Formación en Educación (CFE) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Prof. Adjunto de la Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC) y Coordinador Académico del ITR Norte de la UTEC. Correo: marceloubal@gmail.com.
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8196-6795.
3 Siglas: CRES: III Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe. ES: Educación Superior. ESTP: Educación Superior Tecnológica Profesional. UTEC: Universidad Tecnológica del Uruguay.
Es común escuchar que la Reforma de Córdoba tuvo validez en su momento, pero ahora son otros tiempos. Estas valoraciones, en general, vienen de dos vertientes. La primera de perspectivas que aplican una especie de principio que lo podríamos sintetizar de la siguiente manera “las cosas válidas son las actuales”. En esta comprensión lo antiguo y lo clásico no tiene mucho lugar en el presente. La segunda vertiente se nutre de una intencionalidad política movida por intereses como promover la privatización de la Educación Superior, lo cual viene teniendo mucho éxito en el mundo en general y en América Latina en particular (López, 2016).
La superficialidad de la primera vertiente de opiniones se debe responder con información y un mínimo de capacidad de comprensión. La teoría de la separación de poderes y distribución social planteada por Montesquieu (2003), por ejemplo, es un clásico que sigue teniendo gran actualidad. Lo mismo podríamos decir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y podríamos seguir con una lista infinita de proyectos, conquistas, dispositivos, etc. de idéntica o similar significatividad. La segunda vertiente es un poco más compleja de rebatir debido a que no se puede recurrir únicamente a una lógica racional, sino que los intereses están acompañados de una lógica política y de clase, que prioriza el bienestar y mantenimiento del status quo de unos pocos, en detrimento de los derechos de una masa gigantesca de personas. La Reforma de Córdoba es uno de esos temas que es ubicado insistentemente en esta perspectiva. De hecho es común escuchar declaraciones que subrayan su actual falta de validez social, política y culturas. Parecería que dicho modelo reformista debería dar lugar a una gestión más eficiente, eficaz para lo cual es fundamental no perder tiempo en estructuras tan participativas, sino más bien ir a una dinámica de gestión empresarial que administre, por ejemplo,
con mayor centralidad el poder (Chaui, 2019).
El presente artículo pretende reflexionar sobre la actualidad de los principios rectores de la Reforma de Córdoba, haciendo algunas propuestas de aggiornamiento del relato en algunos aspectos reformistas, a la vez que proponiendo una mirada sobre ejemplos actuales, con la finalidad de fundamentar los enormes beneficios del modelo reformista.
Pretendemos demostrar al lector que pensar en la actualidad en las universidades en general y a las públicas en particular, sin los principios reformistas es contribuir al deterioro democrático (inclusive el sufragio), de la libertad de expresión, del respeto a las leyes y del orden jurídico de nuestras sociedades contemporáneas. En otras palabras estamos hablando de aspectos sustanciales que se unen estrechamente con los fines de las universidades y preguntas como si el saber estará al servicio de todos o solo de unos pocos privilegiados.
El hito fundacional de la Reforma de Córdoba la podemos ubicar en 1918 en el 1er Congreso Nacional de Estudiantes Universitarios que reunió a representantes de las universidades argentinas, contexto en el cual se generó el Manifiesto Liminar (1918). Hay acuerdo entre los distintos autores en que la Reforma de Córdoba no fue un hecho aislado, sino que se generó acompañada de un conjunto de acontecimientos históricos (sociales, económicos, culturales y políticos) que la hicieron posible. A nivel internacional la Primera Guerra Mundial estaba trasladando la hegemonía del poder internacional de Europa a Estados Unidos, lo cual fue acompañado por el comienzo de la Revolución Rusa en 1917. En Latinoamérica el capitalismo estaba en plena expansión, la clase media crecía considerablemente y el proletariado comenzaba a organizarse política y gremialmente. Argentina no solo fue parte de estos movimientos, sino que contaba con una gran riqueza, a la vez que estaba recibiendo un flujo migratorio significativo, lo cual la ubicaba como uno de los países de la región con mayor potencial de crecimiento y desarrollo económico y social.
A su vez la política seguía monopolizada por una clase patricia terrateniente y una clase comercial que tenían gran poder en las universidades, ámbitos gobernados principalmente por la Iglesia Católica. En este marco la búsqueda creciente de las nuevas clases sociales y movimientos políticos (pequeña burguesía, hijos de obreros e inmigrantes…) de ingreso a la universidad, contribuyen significativamente a una serie de revueltas sociales, siendo una de las más significativas la universitaria.
En lo que respecta a las ideas también se contó con planteos independentistas que contribuyeron a la ebullición y profundización de las democracias modernas, cuyos ideales fueron retomados por la “Generación de 1910” quienes pretendían que
los ideales de la Revolución de 1810 avanzaran de la formalidad legal a la conquista de espacios sociales y políticos concretos.
A nivel cultural y de las ideas, trabajos como los de Gabriel del Mazo compilan una serie de obras de pensadores que inspiraron la reforma. Al respecto Tünnermann expresa
Entre los propugnadores de la Reforma Argentina, a quienes por sus escritos se les reconoce la categoría de ideólogos del Movimiento, podemos mencionar, además del propio del Mazo, quien también desempeñó altas posiciones públicas, a Deodoro Roca, autor del célebre Manifiesto Liminar del 21 de junio de 1918; a Sergio Bagú, Héctor Ripa Alberdi, Saúl A. Taborda, Carlos Cossio, Julio V. González, los hermanos Arturo, Alfredo y Jorge Orgaz, Mariano Hurtado de Mendoza, Rafael Bielsa, José Luis Lanuza, Ricardo Rojas, Carlos Sánchez Viamonte, Pedro A. Verde Tello, Florentino Sanguinetti, etc. (TUNNERMANN, 1998, p. 108).
No menos relevante fueron los aportes de Rubén Darío, Enrique Rodó e inclusive Ortega y Gasset que en una visita a Buenos Aires brindó una conferencia que generó gran admiración por su contenido fuertemente humanista, el cual coincidía con varios de los planteos reformistas.
El impacto de la Reforma de Córdoba alcanzó diferentes países de América Latina, a saber: Perú, Chile, Uruguay, Colombia, Venezuela, Paraguay, Bolivia, Brasil, Cuba, Puerto Rico, Ecuador, México entre otros de centroamérica.
En lo que se refiere a los principios de la Reforma de Córdoba existen varias propuestas de síntesis y clasificación. Cómo en otros temas, y este no es una excepción, existen diferentes perspectivas sobre dicho proceso, pero hay un conjunto de aspectos en los que hay acuerdo. Usemos como referencia inicial las caracterizaciones propuestas por Tünnermann (1998, p 118-119), Darcy Ribeiro (1971, p 153) y Augusto Salazar Bondy (1973).
Categoría | Tünnermann (1998) | Darcy Ribeiro (1971) | Salazar Bondy (1973) |
Autonomía | 1. Autonomía universitaria –en sus aspectos político, | 2. La autonomía política, docente y administrativa de la Universidad. | 1. Democratizar el gobierno |
docente, administrativo y económico–, y autarquía financiera. | universitario con la participación estudiantil y la representación de los graduados | ||
Cogobierno | 2. Elección de los cuerpos directivos y de las autoridades de la Universidad por la propia comunidad universitaria y participación de sus elementos constitutivos, profesores, estudiantes y graduados, en la composición de sus organismos de gobierno. | 1. El cogobierno estudiantil. 3. La elección de todos los mandatarios de la Universidad por asamblea con representación de los profesores, de los estudiantes y de los egresados. | |
Selección, renovación y formación permanente de docentes | 3. Concursos de oposición para la selección del profesorado y periodicidad de las cátedras. | 4. La selección del cuerpo docente a través de concursos públicos que aseguren amplia libertad de acceso al magisterio. 5. La fijación de mandatos con plazo fijo (cinco años generalmente) para el ejercicio de la docencia, sólo renovables mediante apreciación de la eficiencia y competencia del profesor. (…) los estudiantes latinoamericanos lucharon, en los últimos veinte años, por una serie de recomendaciones concernientes a la elevación del nivel de calificaciones del profesorado y a la mejora de sus condiciones de vida y estudio. |
alumnos, sin consideración de su origen y posición social, y facilitar en todo lo posible el acceso de estos sectores a las profesiones y especialidades —de donde se derivó la reivindicación de la asistencia libre en beneficio de los estudiantes que trabajan. |
Libertad de cátedra | 4. Docencia libre. | 8. La libertad docente. | |
Libertad de asistencia de estudiantes | 5. Asistencia libre. | 9. La implantación de cátedras libres y la oportunidad de impartir cursos paralelos al del profesor catedrático, dando a los estudiantes la oportunidad de optar entre ambos. | |
Gratuidad y democratización de la Educación Superior | 6. Gratuidad de la enseñanza. | 6. La gratuidad de la enseñanza superior. | |
Enseñanza, investigación e innovadora | 7. Reorganización académica, creación de nuevas escuelas y modernización de los métodos de enseñanza. Docencia activa y mejoramiento de la | --- | --- |
formación cultural de los profesionales. | |||
Apoyo a los estudiantes | 8. Asistencia social a los estudiantes y democratización del ingreso a la Universidad. | --- | 3. Abrir la universidad a sectores más amplios de alumnos, sin consideración de su origen y posición social, y facilitar en todo lo posible el acceso de estos sectores a las profesiones y especialidades … |
Articulación Sistema Educativo | 9. Vinculación con el sistema educativo nacional. | --- | --- |
Extensión, compromiso social y democrático de la universidad. | 10. Extensión universitaria. Fortalecimiento de la función social de la Universidad. Proyección al pueblo de la cultura universitaria y preocupación por los problemas nacionales | 7. La asunción por la Universidad de responsabilidades políticas frente a la nación y la defensa de la democracia. | 4. Vincular la Universidad con el pueblo y la vida de la nación de donde la publicidad de los actos universitarios, la extensión cultural, las universidades populares y la colaboración obrero- estudiantil. |
Unidad latinoamericana | 11. Unidad latinoamericana, lucha contra las dictaduras y el imperialismo. | --- | --- |
Realizaremos a continuación algunos comentarios y puntualizaciones en relación a los principios de la Reforma de Córdoba sintetizados, a los cuales iremos integrando aportes que entendemos pueden contribuir al aggiornamiento del movimiento reformista, en especial el de diversas producciones que se generaron en el marco de las conmemoraciones del centenario de la Reforma. Entre dichas producciones priorizaremos la “III Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe (CRES)” la cual “... refrenda los acuerdos alcanzados en las Declaraciones de la Reunión de la Habana (Cuba) de 1996, la Conferencia Mundial de Educación Superior de París (Francia) de 1998 y de la Conferencia Regional de
Educación Superior celebrada en Cartagena de Indias (Colombia) en 2008”. Estos
eventos, vinculados con la ES, reafirman la necesidad de una ES para todos, lo cual implica avanzar en una praxis que la conciba como un derecho humano que debe ser asegurado por los estados en cuanto bien público.
Del CRES (2018), que tuvo lugar en el marco de los cien años de la Reforma de Córdoba -inclusive se realizó en la Universidad Nacional de Córdoba-, fue de gran significatividad no solo por la participación de la mayoría de las universidades de mayor porte de Latinoamérica, sino además por el gran número de instituciones que participaron y apoyaron la conferencia. La III CRES fue convocada, al igual que las anteriores, por el Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior de América Latina y el Caribe, la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), y además por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación de Argentina quienes dispusieron que en 2018 la CRES “... se celebrase en el marco del centenario de la Reforma Universitaria de 1918, cuyos ideales se extendieron por toda la región y constituyeron transformaciones radicales para su momento: democratización, autonomía, libertad de cátedra, gratuidad de la enseñanza y visión latinoamericana.” (CRES b, p. 4). De la Declaración final, así como del Plan de Acción acordado por la Conferencia, entendemos que podemos inferir algunas líneas de trabajo y de
actualización de los logros y principios de la Reforma de Córdoba.
Con posterioridad a solidarizarse con las situaciones como la “... la pobreza, la desigualdad, la marginación, la injusticia y la violencia social” (CRES a, 2018, p. 1) la declaración se pronuncia a favor de “... una ciencia desde el humanismo y la tecnología con justicia, por el bien común y los derechos para todos y todas” (Idem.), lo cual implica concebir a la ES como un Derecho Humano “... básico e imprescindible para el buen vivir de nuestros pueblos, la construcción de una ciudadanía plena, la emancipación social y la integración regional solidaria latinoamericana y caribeña” (Idem.) lo cual implica la profunda convicción de que “... el acceso, el uso y la democratización del conocimiento es un bien social, colectivo y estratégico…” (Idem.) para garantizar derechos.
El concebir a la ES como Derecho Humano básico en cuanto instrumento que permite el acceso al conocimiento y su correlativa democratización, es un aspecto coherente con el espíritu reformista. En coherencia con lo que hemos planteado anteriormente la garantía de derechos es una clave teleológica para el accionar de las
universidades públicas en la actualidad. No se trata de generar conocimiento sin interrogarnos por el sentido de nuestra labor, volviéndose un imperativo la conjugación de los sentidos y acciones de las universidades con los principios del humanismo, la democracia y la república.
Este aspecto comprende necesariamente la garantía del acceso y la gratuidad de la ES. La declaración del CRES, con posterioridad al diagnóstico de las profundas dificultades por las que pasan los pueblos latinoamericanos y el rol de las universidades en la transformación de dichas condiciones expresa que: “Desde estos posicionamientos, será posible llevar a cabo una nueva e histórica transformación de la educación superior desde el compromiso y la responsabilidad social, para garantizar el pleno ejercicio del derecho a la educación superior pública gratuita y de amplio acceso”. (Idem.)
En estrecha relación con la democratización del conocimiento y la ES, las instituciones universitarias de América Latina y el Caribe participantes subrayan el compromiso social con una vida digna para todos los ciudadanos que deben tener y orientar a las universidades latinoamericanas
Es por eso que creemos fehacientemente que nuestras instituciones deben comprometerse activamente con la transformación social, cultural, política, artística, económica y tecnológica que es hoy imperiosa e indispensable. Debemos educar a los dirigentes del mañana con conciencia social y con vocación de hermandad latinoamericana. Forjemos comunidades de trabajo donde el anhelo de aprender y la construcción dialógica y crítica del saber entre docentes y estudiantes sea la norma. Construyamos ambientes democráticos de aprendizaje, donde se desenvuelvan las manifestaciones vitales de la personalidad y se expresen sin límites las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas. (Ibid. p. 4).
Además de la enseñanza, la extensión cumple un rol pedagógico y didáctico clave para alcanzar una formación integral con compromiso social y democrático. Al respecto el primer eje temático de la declaración del CRES ubica a la ES en un rol estratégico para el desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe, aspecto clave para construir colectivamente una respuesta histórica a interrogantes como ser qué sociedad queremos, y qué instituciones, educación en general y educación superior en particular requiere dichos propósitos.
En tercer lugar, la declaración se refiere expresamente a la autonomía la cual “permite a las instituciones de educación superior... ejercer su papel crítico y
propositivo frente a la sociedad sin que existan límites impuestos por las políticas gubernamentales, las creencias religiosas, el mercado o los intereses particulares. La defensa de la autonomía es una responsabilidad ineludible y de gran actualidad en América Latina y el Caribe y es, al mismo tiempo, una defensa del compromiso social de la educación superior.” (CRES b, p. 4 y 5).
Resulta lógico, además de interesante, como la declaración concibe en forma holística la autonomía con el compromiso social de las universidades. Si dejamos el gobierno de las universidades supeditados a los gobiernos nacionales, las instituciones de ES necesariamente responderán a los intereses inmediatos o de mediano o largo plazo de las fuerzas hegemónicas (grupos de interés o económico, el mercado, las religiones...). Por este motivo la autonomía cogobernada garantiza el necesario control democrático, a la vez que es una garantía de independencia de opinión ante las dinámicas de poder nacionales, corporativistas, continentales e internacionales. La historia está repleta de ejemplos y en la actualidad lo podemos ver con claridad meridiana en los aportes y manifestaciones de las universidades públicas en relación a la pandemia. En Uruguay, por ejemplo, el GACH (Grupo Asesor Científico Honorario) no solo ha sido un aporte fundamental en las orientaciones de las políticas públicas de salud, sino que además han permitido que la población acceda a información fundada para valorar y posicionarse ante las medidas del gobierno frente a la pandemia del COVID19. Casos análogos abundan en nuestro continente y en el mundo.
Si bien la autonomía no se confunde con el cogobierno, este último profundiza la necesaria autonomía que necesitan las universidades y a la cual hemos aludido anteriormente. Al respecto la CRES expresa que la autonomía se asienta en el
... acceso a la toma de decisiones, de representación y de plena participación democrática que se expresa en el cogobierno, así como en la transparencia y la rendición de cuentas. Este principio sintetiza el gobierno de la universidad compartido por los diferentes sectores de la comunidad universitaria: docentes, graduados y estudiantes. (Idem.)
La autonomía y el cogobierno son de las conquistas más caras de la reforma, a la vez que han contribuido a diferenciar la Universidad Latinoamericana de sus congéneres de otras regiones del mundo.
El contexto actual de la pandemia ha dejado al descubierto las limitaciones del
sistema capitalista y neoliberal en la actualidad, al menos en lo relativo al lugar redentor del mercado y la supuesta necesidad de reducir el Estado. A pesar de lo evidente y estratégico que se ha vuelto la necesidad del Estado en América Latina y el Caribe, paradójicamente se han profundizado los intentos de su reducción, inclusive recurriendo a mecanismos antidemocráticos. Al respecto la Reforma de Córdoba es un llamado a la profundización democrática por medio de la participación más allá del acto eleccionario. Al decir de Boaventura “... la democracia es mala porque es poca. Hay que ampliar la democracia. En las familias, en las calles, en las fábricas, en la vida universitaria, en la educación (...) con otras formas de participación de la gente, que no sea únicamente democracias electorales…” (2020, 8’:38’’ a 10’:05’’)
En este punto el rol de los docentes y en especial de los estudiantes es estratégico, máxime si tomamos en cuenta que ambos son actores claves en la gestión democrática de las universidades y que la Reforma de Córdoba fue impulsada por los estudiantes.
Además de la relevancia de la participación de los estudiantes en el proceso reformista, las políticas nacionales y universitarias de apoyo social a los estudiantes es otro aspecto promovido por la reforma que guarda un alto nivel de pertinencia y actualidad. Concretar el Derecho de una ES para todos tiene en estos tipos de mecanismos una salida de gran efectividad que contribuye sustancialmente a mitigar las diferencias sociales y culturales características de sociedades que priorizan en los hechos el acceso prioritario de las elites a la formación superior.
La libre asistencia fue otro dispositivo promovido por la Reforma para facilitar el cursado de las carreras universitarias debido a que la obligatoriedad de la asistencia perjudicaba directamente a aquellos estudiantes que tenían otras responsabilidades además del estudio.
Las funciones universitarias de enseñanza, extensión e investigación fue otro aspecto resaltado por la primera etapa de la Reforma, aunque de los documentos y la bibliografía de la Reforma (CLACSO, 2018) emerge con un mayor énfasis la enseñanza y la extensión. Esto no implica desconocer la importancia de los aspectos vinculados a la generación del conocimiento, los cuales fueron tomando mayor relevancia con el pasar del tiempo. En Uruguay, por ejemplo, será Oscar Maggiolo - gran promotor de la Reforma de Córdoba- quien ubicará a la investigación en un lugar central de la política universitaria y la definirá como estrategia clave para el desarrollo
del país y del continente. (UdelaR, 2009).
En lo que refiere a la enseñanza, como hemos visto, la Reforma promueve profundos cambios en diversos aspectos, siendo los más relevantes el acceso de los docentes por medio de concursos transparentes y de oposición como parte fundamental del proceso de selección y renovación docente, la libertad de cátedra y la formación permanente de los docentes. La Declaración retoma estos puntos enfatizando la necesidad de implementar políticas sistemáticas de formación permanente de docentes
(...) la educación superior, aunque critica la formación de los estudiantes que recibe, no asume cabalmente su compromiso, sobre todo en lo que se refiere a la calidad de la formación de docentes. Este es un aspecto crítico que es preciso abordar, tanto desde el punto de vista de las instituciones de educación superior como desde el correspondiente a las políticas públicas (...) (CRES a, p. 7).
Aspectos como la libertad de cátedra, los concursos de oposición, la publicidad de los actos universitarios en general y de los llamados en particular, y la formación permanente de los docentes, fueron mecanismos concretos que aseguraron una transformación radical de la calidad universitaria. Este conjunto de acciones funcionaron como mecanismo que permitió contar con profesores formados, y dejar de lado mecanismos basados en amiguismos y funcionalidades principalmente políticas, económicas, religiosas e ideológicas.
El imperativo de promover una universidad popular comprometida con la clase trabajadora explica en gran medida el papel central de la extensión en la Reforma. En la actualidad la mayor articulación entre las universidades con los problemas locales y la sociedad en su conjunto se nos plantea como una necesidad coherente con el imperativo extensionista. Justamente, una de las principales virtudes de la extensión es su capacidad de promover una praxis coherente con los fines promovidos por el movimiento reformista.
La investigación es abordada expresamente por la CRES en su punto seis el cual se titula “La investigación científica y la innovación como motores del desarrollo humano, social y económico para América Latina y el Cartibe”
No habrá justicia en la región si no hay libertad de pensamiento y expresión para la sociedad en su conjunto; y, no existirá libertad de pensamiento si nuestros países no generan conocimientos pertinentes para sus realidades e innovaciones sociales que transformen su matriz productiva primario exportadora y secundario importadora, y disputen
el orden imperante. Reivindicar soberanía para imaginar, crear, acceder y aplicar los conocimientos que necesitamos para la vida buena en nuestras sociedades es imperativo en donde las instituciones de educación superior juegan un rol estratégico. No se puede pensar en una estrategia que separe la superación de distancias cognitivas injustas sin que a la par se abran nuevas rutas epistémicas. Estas nuevas rutas demandan romper con la matriz de pensamiento (neo)colonial, (neo)dependiente, antropocéntrico, racista y patriarcal que impera aún en nuestras sociedades. Solo si el aprendizaje de lo conocido y la generación de nuevos conocimientos se reconcilian, si la teoría y la práctica van de la mano, el conocimiento apuntalará la justicia social. (Ibid., p. 9).
Los principios reformistas y los diferentes aportes que venimos trabajando con el propósito de proponer un aggiornamiento de aspectos centrales de la Reforma de Córdoba, encuentran en la promoción de un gran movimiento latinoamericano un aspecto sustancial. Sobre este tema trabajaremos a continuación.
La internacionalización y la interinstitucionalidad son dos elementos ubicados como estratégicos por la Reforma.
Lo que hoy podemos denominar como interinstitucionalidad es el primer aspecto del relacionamiento institucional promovido por la Reforma al que aludiremos. El mismo consiste en una coordinación con el sistema educativo nacional en su conjunto, aspecto que permite una visión y abordaje conjunto y sistémico de los diferentes problemas y desafíos de los países.
El segundo aspecto se vincula con la internacionalización, la cual tiene un componente continental y latinoamericano central. El fuerte impulso de un espíritu latinoamericanista fue uno de los principios orientadores de la Reforma de Córdoba, el cual también es resaltado por las universidades latinoamericanas en su conjunto en la Declaración cuyo cuarto punto se titula “El papel estratégico de la educación superior en el desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe” expresando que “El rol estratégico de la educación superior nos obliga a reflexionar sobre qué tipo de sociedad queremos, y qué educación requieren los ciudadanos para contribuir a transformar solidariamente nuestras sociedades y avanzar en el desarrollo sostenible de nuestros pueblos” (Ibid., p. 6)
En coherencia con el hecho de que los protagonistas de la Reforma de Córdoba fueron los estudiantes, la expansión por la casi totalidad de los procesos de democratización universitaria también fueron impulsadas por los estudiantes y sus organizaciones, las cuales actuaban a la interna de cada universidad y coordinaban a
nivel global entre sí para promover reformas estatutarias y de leyes universitarias, establecimiento de un régimen autónomo y cogobernado, la extensión, los concursos de oposición y el acceso de todos a los estudios universitarios.
En la actualidad el americanismo debería marcar las prioridades y el sentido de los indiscutibles procesos de internacionalización de los que las universidades forman parte y deben promover. El americanismo en nuestros tiempos debería pasar por priorizar el vínculo con las universidades regionales y continentales, sin detrimento de la necesaria relación que debemos mantener con universidades de todo el mundo. Ámbitos consolidados como la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL), la Asociación de Universidades Grupo de Montevideo, así como aquellas que están emergiendo como la Región Bioma Pampa de Instituciones Públicas de Educación Superior (RBPES) deben promover actividades conjuntas de enseñanza, extensión e investigación con una lógica que apunte a radicar equipos de trabajo de punta en cada territorio de manera que el vínculo con otras regiones del mundo promuevan un desarrollo latinoamericano, especialmente en lo relativo a la generación de conocimiento, aspecto sin el cual no será posible la transformación de nuestra condición de continente subdesarrollados, periféricos y dependiente. (Ubal, 2020)
El americanismo, unido a la impronta y compromiso social de la Reforma con los más postergados de la sociedad, en la actualidad nos conecta con los conceptos de diversidad cultural e interculturalidad, ambos elementos identitarios del continente americano.
Las políticas y las instituciones de educación superior deben contribuir proactivamente a desmontar todos los mecanismos generadores de racismo, sexismo, xenofobia, y todas las formas de intolerancia y discriminación. Resulta imperativo que se garanticen los derechos de todos los grupos de población discriminados por raza, etnicidad, género, situación socioeconómica, discapacidad, orientación sexual, religión, nacionalidad y desplazamiento forzado. Es ineludible que se destinen recursos financieros y esfuerzos de investigación, docencia y extensión/vinculación a estos fines. Es necesario promover la diversidad cultural y la interculturalidad en condiciones equitativas y mutuamente respetuosas. El reto no es solo incluir en las instituciones de educación superior a (...) grupos sociales históricamente discriminados, sino transformarlas para que sean social y culturalmente pertinentes. Estos cambios deben asegurar la incorporación en las instituciones de educación superior de las cosmovisiones, valores, conocimientos, saberes, sistemas lingüísticos, formas de aprendizaje y modos de producción de conocimiento de dichos pueblos y grupos sociales. (CRES a, p. 8).
El avance de los procesos de mercantilización y correlativa privatización de la ES en América Latina refuerzan la necesidad de retomar, profundizar y actualizar la agenda reformista. Sin bien las universidades en general y las públicas en particular no tienen la solución a todos los problemas, en sociedades altamente dependientes del conocimiento, siguen teniendo un rol y contribución fundamental en la construcción de sociedades más justas y garantistas de derechos, así como en la concreción de los demás postulados reformistas.
En Uruguay la Reforma de Córdoba tuvo gran impacto en el desarrollo histórico de la vida universitaria. Sin dudas UdelaR ha incorporado en sus distintas leyes orgánicas varios de los principios que hemos expuesto. Inclusive han habido momentos en los cuales la Educación Tecnológica Profesional lograron un grado mayor de autonomía como fue la ley de la Universidad del Trabajo del Uruguay promovida por José Arias. En lo que respecta a la formación de profesores, históricamente la autonomía y el cogobierno ha estado en la agenda sin que se lograra hasta el momento concretarla.
Por su lado la UTEC, fundada en 2012 por la Ley 19.043 tiene una fuerte relación con los principios de la Reforma de Córdoba. El cuadro que sigue, el cual parte de la estructura analítica presentada anteriormente y basada en los aportes de Tunnermann (1998), Ribeiro (1971), Salazar (1973) y la CRES (2018), nos permite visualizar comparativamente le Ley de creación de UTEC con los principios de la Reforma
Principios de la Reforma de Córdoba | Ley 19.043 |
Autonomía | Art. 1. |
Cogobierno | Arts. 9 a 12, 13, 14, 15 a 26. |
Selección, renovación y formación permanente de docentes. | Art. 27. |
Libertad de cátedra | Si bien la Ley no se refiere a este punto en forma expresa, los artículos referentes a la autonomía y el cogobierno comprenden esta dimensión. |
Libertad de asistencia de estudiantes | --- |
Gratuidad y democratización de la Educación Superior | Art. 1. |
Enseñanza innovadora e investigación | Arts 2, c, b, f, e. Art. 3, c, e, g. Art. 16, d. Art. 17. Art. 24. |
Apoyo a los estudiantes | --- |
Articulación Sistema Educativo | Art. 1. |
Extensión, compromiso social y democrático de la universidad | Art. 2. Inc a, c, b, f, g. Art. 3. Inc a, b, f. |
Unidad latinoamericana | Art. 2. Inc. c. |
De lo expuesto se desprende el espíritu del legislador en construir una Ley con una presencia transversal de los principios reformistas en la identidad institucional de la UTEC. Por su parte el consejo directivo provisorio de UTEC, puesto provisoriamente en el gobierno de la institución para concretar la Ley 19.043, no solo desoyó al legislador sino que generó un sistema paralelo que se opone frontalmente a las definiciones legales (UTECa, 2021. UTECb 2021). La legitimidad de un grupo de personas -ubicados provisoriamente- para desoír un mandato legal e implantar un sistema de poder centralizado que ignora la participación de actores legalmente establecidos (docentes, estudiantes, trabajadores y empresarios), será un elemento a analizar por la sociedad en general y la clase política en particular. Sobran pruebas sobre el impacto negativo en las democracias y las repúblicas de prácticas que se oponen a las leyes y los órdenes jurídicos de los países.
En las víspera de la celebración de los 10 años de gestión del consejo provisorio de UTEC (el cual debió llamar a elecciones en 2016 y fue renovado por periodos de 2 años hasta 2022), hemos constatado que aproximadamente dos tercios de la Ley no se han cumplido, lo cual configura una situación de incumplimiento de una norma que prevé un provisoriato justamente para que la misma sea implementada. A los solos efectos de facilitar la comprensión del nivel de ineficiencia e ineficacia del modelo centralizado, vertical no cogobernado ni participativo de gestión actual, recurriremos al sistema de calificación usado para calificar a los estudiantes en las unidades curriculares, el cual consta de una escala del 1 a 5. Si sometiéramos el desempeño del consejo provisorio a dicho sistema de calificación, dicho consejo tendría una calificación en torno a 1.6, lo cual conceptualmente significa insuficiente, sin derecho
a tutoría ni examen, por lo cual debe recursar nuevamente la unidad curricular. El modelo promovido por la presente gestión provisoria ha dejado de cumplir los objetivos definidos por el legislador. Esta constatación a su vez genera un hecho de gran valor simbólico democrático y republicano, el cual fue expuesto de forma extremadamente clara por una de las integrantes del propio consejo de UTEC, a instancia de su renuncia al cargo que ocupaba. La profesora María Antonia Grompone, en su carta de renuncia (2014), expresa “Creo que el ser la Universidad Tecnológica una persona jurídica pública que funciona cómo ente autónomo, no es una credencial que le permita tomar decisiones y actuar con independencia de la Constitución de la República, de las leyes, los decretos y reglamentos vigentes”. Avanzar en una lógica opuesta a la relatada por la profesora Grompone se vuelve un imperativo democrático que además impacta, como ya hemos manifestado, directamente en la mejora de la calidad, eficiencia y eficacia de la gestión. La reciente pandemia y el rol central que tuvieron las universidades públicas autónomas y cogobernadas en Uruguay y la región, son una clara demostración del éxito del modelo reformista autónomo y cogobernado que ha caracterizado la historia y el desarrollo de las universidades de nuestro continente. En el mismo sentido se expresa la “Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo” (INDDHH), la cual en su Res. 949/2021 (&46) recomienda la instalación del cogobierno como camino para la mejora de una serie de irregularidades constatadas por la propia INDDHH.
En el caso concreto de UTEC un movimiento denominado “Espacio 2.3.14” (cuya denominación alude a artículos claves de la Ley 19.043) recientemente ha construido una propuesta presupuestal en modalidad cogobernada que contó con la participación conjunta de los actores previstos por la Ley, a saber: estudiantes, egresados, trabajadores docentes y no docentes. Dicha propuesta aborda temas neurálgicos de la universidad, las cuales si son tomadas en cuenta permitirán avanzar en un modelo de gestión más eficiente y eficaz, que impactará directamente en la calidad de la propuesta permitiendo una universidad más pública, con sede en el interior del país, autónoma, cogobernada, tecnológica, que aporte a un desarrollo sustentable con justicia social, que enseñe, que investigue, con identidad extensionista, más democrática, transparente y garantista de derechos. (UTEC- Espacio 2.3.14, 2022).
¿Cuál sería la consecuencia si los gobiernos y las universidades públicas tomaran medidas para mitigar los procesos de autonomía, cogobierno, transparencia en los llamados, generación de conocimiento, libertad de cátedra, gratuidad de la enseñanza, visión latinoamericana? Seguramente perderíamos en calidad académica, solidez democrática y la posibilidad de contar con instituciones de ES que brinden a los ciudadanos del país y del continente conocimiento científico y tecnológico de punta, que permita una vida coherente con los principios humanistas presentes en la Declaración Internacional de los Derechos Humanos.
Dilemas como el planteado por la interrogante anterior no son lejanos a nuestra realidad continental y nacional. En Uruguay específicamente el MEC ha difundido recientemente en el Plan de Política Educativa Nacional (p. 5, Ítem 1.1.8) su voluntad de modificar la gobernanza de la UTEC, lo cual le quitaría a UTEC su carácter cogobernado. Senadores del gobierno y el propio Ministro de Educación y Cultura han manifestado que dicha modificación se llevará adelante por considerar al cogobierno previsto por la Ley 19.043 “pesado e inoperante” (La Diaria, 2021). Dichas afirmaciones, carentes de fundamentos, redundan en la promoción de un modelo menos democrático y funcional a la voluntad e intereses de grupos de poder y gobiernos de turno, cuyas consecuencias se pueden ver reflejadas en las políticas intervencionistas de gobiernos como el actual de Brasil, el cual ha atacado directamente la autonomía y los mecanismos cogobernados de las universidades e institutos federales.
La convocatoria del Ministerio de Educación y Cultura a “Nuevos Rumbos. Seminario Preparatorio para el diseño de carreras universitarias de formación en educación” es otro ejemplo de desconocimiento de la mejor tradición nacional y latinoamericana en Educación Superior. Dicho seminario si bien se planteó como objetivo principal “Aportar conocimientos, experiencias internacionales y evidencias para el diseño de planes de estudios y diseños didácticos de formación inicial docente”, no alude en ningún momento a la relevancia histórica y actual de la Reforma de Córdoba. En cambio promueve modelos principalmente europeos, fuertemente centrado en el modelo competencial y en experiencias virtuales caracterizadas como
exitosas. La reciente Resolución 0355-2022 del MEC de Uruguay sobre Titulaciones Docentes, refuerza la omisión total a los aportes de la Reforma de Córdoba. Dejar de lado referencias identitarias e históricas de tal relevancia, nos lleva a plantearnos algunas interrogantes sobre las prioridades del actual gobierno educativo de Uruguay, a saber: ¿Qué lugar ocupa la autonomía y el cogobierno como praxis democrática?
¿Qué relevancia tiene en los procesos educativos la renovación y formación permanente de los docentes? ¿Es importante la libertad de cátedra en una formación universitaria? ¿El apoyo a estudiantes, la gratuidad y la formación democrática son prioritarias? ¿Aportar a la concreción histórica de un proyecto que democratice el conocimiento de calidad para todos qué lugar ocupa en el actual proyecto político- pedagógico? ¿Cómo se explica la desvalorización de las construcciones universitarias latinoamericanas por vía de la omisión? ¿Cómo se explica la desvinculación de la formación docente de los análisis y acción sobre problemas sociales que padecen los propios estudiantes, la sociedad en general, el continente americano y el mundo?
Como manifestamos al inicio hemos fundamentado que las conquistas reformistas no han pasado de moda, sino que su pertinencia se mantiene en el tiempo por la sencilla razón de que estamos ante un proyecto educativo/pedagógico que promueve la construcción y el desarrollo de instituciones que aporten a un proyecto político de mayor igualdad y justicia social. Ignorar los principios reformistas o restarle importancia, no es otra cosa que promover un proyecto social menos democrático, más desigual, cuya consecuencia inevitable será favorecer a unos pocos y profundizar la desigualdad.
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