V.22, no 47, 2024 (janeiro-abril) ISSN: 1808-799X
MÉXICO: POLÍTICA Y GOBIERNO EN LA CUARTA TRANSFORMACIÓN1 2
Nayar López Castellanos3
En este texto se realiza un análisis sobre los aspectos más relevantes que han caracterizado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador en los últimos cinco años. En el contexto de la llamada Cuarta Transformación, México ha transitado por una intensa etapa política en la que se han generado cambios importantes a pesar de no trastocar las estructuras del capitalismo. De igual forma, se ubica el proceso mexicano en el contexto regional destacando diferencias y similitudes con respecto a otros países que han transitado por gobiernos que se ubican del centro hacia la izquierda. Palabras clave: México; AMLO; Izquierda; América Latina.
Este texto analisa os aspectos mais relevantes que caracterizaram o governo de Andrés Manuel López Obrador nos últimos cinco anos. No contexto da chamada Quarta Transformação, o México passou por uma fase política intensa na qual foram geradas mudanças importantes, apesar de não perturbar as estruturas do capitalismo. Da mesma forma, o processo mexicano se situa no contexto regional, destacando diferenças e semelhanças com relação a outros países que passaram por governos localizados do centro à esquerda.
MEXICO: POLITICS AND GOVERNMENT IN THE FOURTH TRANSFORMATION
This text analyzes the most relevant aspects that have characterized the government of Andrés Manuel López Obrador in the last five years. In the context of the so-called Fourth Transformation, Mexico has gone through an intense political stage in which important changes have been generated despite not disrupting the structures of capitalism. Likewise, the Mexican process is located in the regional context, highlighting differences and similarities with respect to other countries that have gone through governments that are located from the center to the left.
1 Artigo recebido em 05/10/2023. Primeira Avaliação em 09/10/2023. Segunda Avaliação em 02/11/2023. Aprovado em 17/01/2024. Publicado em 22/02/2024.
DOI: https://doi.org/10.22409/tn.v22i47.60132
2 Este artículo se elaboró en el marco de la investigación del Proyecto PAPIIT IN307921 Crisis societal, colapso ecológico y modelos emergentes en el Gran Caribe, apoyado por la DGAPA de la UNAM.
3 Doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), México. Profesor Investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Coreo: nayarlp@politicas.unam.mx.
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2572-7516.
Transcurridos cinco años (2018-2023) del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la llamada Cuarta Transformación, México atraviesa por un período de claroscuros que resulta perentorio analizar, sobre todo a la luz de las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en junio de 2024 y lo que significan en el plano interno y en clave geopolítica.
Con el antecedente de haber recibido en las elecciones del 2018 más de 30 millones de votos, equivalentes al 53% del total emitido, el arribo de un movimiento de centroizquierda generó enormes expectativas entre importantes sectores de la sociedad mexicana, sobre todo por la fuerza de ese respaldo popular y por haber alcanzado la mayoría en ambas cámaras del Congreso de la Unión. A cinco años, los saldos de la administración determinan un interesante escenario en torno al futuro en el mediano y largo plazo.
Es necesario acentuar que se trata del primer gobierno en la historia de México apoyado por sectores provenientes de la izquierda partidaria integrados en el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), y, a pesar de la alianza con algunos grupos políticos conservadores ligados sobre todo a iglesias confesionales, las expectativas de cambio generadas en la población fueron amplias, centradas sobre todo en el campo social y en la promesa impostergable de erradicar la corrupción sistémica.
Tras el triunfo, México se consideró como un nuevo integrante de la llamada oleada progresista latinoamericana y caribeña, con lo cual se podía fortalecer no sólo el equilibrio de fuerzas políticas frente a Estados Unidos, sino una abierta posibilidad de ampliar una integración con espíritu soberano. Muchas interrogantes surgieron sobre cómo sería, precisamente, la relación con la Casa Blanca, históricamente caracterizada por una creciente dependencia económica y subordinación política.
Los anteriores gobiernos de la derecha mexicana dejaron un país devastado por el Estado neoliberal impuesto durante el período de Carlos Salinas, quien ocupó la presidencia de forma fraudulenta entre 1988 y 1994. Para 2018, el país estaba inmerso en la violencia, el narcotráfico y la corrupción, además de altos índices de pobreza y desigualdad social. El desafío era inconmensurable para el nuevo
gobierno, no obstante, los compromisos de campaña anunciaban un futuro alentador.
Luego de cinco años de gobierno, y a uno de que termine su período, planteamos en este texto algunos puntos para el análisis. Se trata sobre todo de ofrecer herramientas para hacer un balance de lo acontecido, indudablemente atravesado por la pandemia de la Covid-19 y sus impactos políticos, económicos y sociales, así como por debates y confrontaciones en diferentes frentes de la sociedad, los grupos organizados y las elites políticas y empresariales4
En los años transcurridos, López Obrador ha enfrentado a una oposición partidista que lejos de generar planteamientos políticos serios, se ha dedicado a sostener una dinámica de ataques virulentos, muchos difamatorios, que poco daño han causado tanto a su imagen y popularidad como a MORENA, lo cual se ha demostrado en los resultados electorales del período en los que el partido gobernante ha ganado la gran mayoría de los gobiernos estatales y poderes legislativos en disputa, tal y como fue el destacado caso de la principal plaza electoral del país, la gubernatura del Estado de México, que siempre estuvo en manos del ex hegemónico Partido Revolucionario Institucional (PRI).
La derecha mexicana representada por el Partido Acción Nacional (PAN), el PRI y el ex izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), se ha sostenido fundamentalmente a través de los medios de comunicación, sobre todo con el respaldo de un grupo de periodistas, con frecuencia, más estridentes que respetuosos de su profesión, y el uso indiscriminado de las redes sociales. Si bien la pérdida del gobierno y de espacios de poder han mermado la capacidad de maniobra de estos partidos y la práctica de la corrupción generalizada, y siempre impune, es un hecho que los poderes fácticos, encabezados fundamentalmente por grandes empresarios, dueños de medios de comunicación y capos del crimen organizado, entre otros actores con los que comparten los mismos intereses, les otorgan el respaldo y la proyección necesaria para mantenerse en el circuito político
4 Este artículo se elaboró en el marco de la investigación del Proyecto PAPIIT IN307921 Crisis societal, colapso ecológico y modelos emergentes en el Gran Caribe, apoyado por la DGAPA de la UNAM.
nacional. Un ejemplo muy particular es el de Claudio X. González, hijo del empresario Claudio X. González Laporte, dueño de Kimberly-Clark de México y quien fue líder del Consejo Mexicano de Negocios y del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). El controvertido abogado ha fundado algunas organizaciones civiles de corte abiertamente conservador que en realidad han acompañado las políticas neoliberales de los gobiernos anteriores, además de convertirse en uno de los principales detractores de AMLO y promotor de la derecha opositora.
A pesar de recuperar un importante protagonismo del Estado en el manejo de áreas estratégicas de la economía, como es el caso de la nueva empresa que opera la extracción del litio y la reconstrucción de la estructura de refinerías de Petróleos Mexicanos (PEMEX), las estructuras fundamentales del modelo neoliberal no se han trastocado de forma sustancial. Por ello no sorprende la relación armoniosa que el gobierno ha sostenido con la iniciativa privada, así como el caudal de inversiones extranjeras que se han dado en estos cinco años, teniendo como ejemplo el caso particular de Tesla, empresa propiedad del multimillonario Elon Musk dedicada, según su sitio de internet, a la generación de energía solar, baterías y vehículos eléctricos.5 Después de cumplir la promesa de no afectar a la iniciativa privada ni revertir las principales reformas estructurales neoliberales, AMLO ha logrado sostener una buena relación con algunos de los principales hombres de negocios del país, en particular con Carlos Slim, propietario de Grupo Carso, Grupo Financiero Inbursa, TELMEX y América Móvil, así como el hombre más rico en México y octavo a nivel mundial.6 En sí mismas, las inversiones privadas no resultan negativas, más bien el problema es que seguir bajo este esquema se mantiene intacto el status estructural de la dependencia.
Otro rasgo sustantivo del gobierno de López Obrador se encuentra en la estrecha relación con las fuerzas armadas. En abierto respaldo al Ejército y la Marina, el mandatario les ha trasladado responsabilidades sustanciales, comenzando por su permanencia en labores de seguridad pública, reflejadas sobre todo con la creación de la Guardia Nacional, la construcción y operación de aeropuertos, como el de Santa Lucía, mega proyectos como el Tren Maya y el
5 Información tomada del sitio de internet <https://www.tesla.com/es_mx/about>. Consulta 7 de diciembre de 2023.
6 Según el sitio de internet <https://carlosslim.com/act_empresarial.html y https://www.forbes.com.mx/millonarios-2023-la-joya-de-la-corona-brilla-en-la-fortuna-de-carlos-slim>. Consulta: 7 de diciembre de 2023.
Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, puertos y aduanas y otras actividades económicas de gran trascendencia, aunado al constante aumento del presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina (SEMAR).
Desde diversos enfoques, se observa una clara militarización del país que sin duda resulta preocupante no sólo por lo que ello implica en la vida pública sino, sobre todo, por los antecedentes de un ejército que tiene dramáticas cuentas pendientes con el pasado en el campo de los derechos humanos, destacando crímenes de Estado y lesa humanidad como la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968, la de 11 de junio de 1971, conocida como el halconazo, la guerra sucia para enfrentar a los grupos guerrilleros con las mismas estrategias que practicaron los militares sudamericanos durante sus dictaduras, el caso de Aguas Blancas y los 43 normalistas de Ayotzinapa, entre otros tantos hasta ahora impunes.
La amnesia manifiesta del gobierno actual en torno al involucramiento de ese pueblo uniformado en la violación de derechos humanos durante las décadas de guerra contra el narcotráfico, y en las masacres, represiones y crímenes de Estado y lesa humanidad del siglo pasado contra ferrocarrileros, médicos, telegrafistas y maestros, contra estudiantes en Tlatelolco y San Cosme; en el asesinato de dirigentes populares, como Primo Tapia de la Cruz, Rubén Jaramillo y su familia, en desapariciones forzadas, como las narradas por el general José Francisco Gallardo en su tesis de doctorado, en los años de la guerra sucia, cuando se adoptan técnicas contrainsurgentes utilizadas por los militares franceses en Argelia, como los vuelos de la muerte, y en la formación de grupos clandestinos, como el Batallón Olimpia, la Brigada Blanca, los halcones, o los grupos paramilitares en Chiapas, los peces más bravos que aconsejan los manuales de guerra irregular de Sedena, para neutralizar a la guerrilla (LÓPEZ Y RIVAS, 2021, p. 85).
Por otro lado, uno de los propósitos enarbolados en la campaña electoral fue el combate a la corrupción, fundamentalmente desplegado en el desarrollo de un amplio paquete de medidas de austeridad que incluyó la reducción de sueldos en los altos cargos de la administración pública y demás prebendas, la desaparición del Estado Mayor Presidencial, que estaba integrado por ocho mil elementos, el cierre de Los Pinos como residencia oficial del Ejecutivo y su transformación en centro cultural, la venta del avión presidencial, la cancelación del avanzado proyecto del aeropuerto en el Lago de Texcoco, el cierre de diversas fundaciones y organismos descentralizados que operaban con presupuesto público pero bajo parámetros de
opacidad que permitían actos de corrupción, y el fin de las millonarias pensiones que existían para ex presidentes, incluyendo personal de apoyo y seguridad, entre otras acciones.
Cabe también destacar que una de las mayores prioridades que ha tenido la administración de AMLO ha sido el de los programas sociales. Bajo la estrategia de un Estado benefactor o neodesarrollista, se activaron un conjunto de apoyos monetarios bajo el marco general del Programa para el Bienestar, los cuales comenzaron con las pensiones para adultos mayores, incluso, impulsando su carácter universal al elevarlas a rango constitucional, siendo precisamente una de sus principales iniciativas cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México (2000-2005). También se crearon los programas Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando vida, Beca para el Bienestar Benito Juárez de Educación Básica, Media Superior y Superior, de apoyo a madres trabajadoras, para personas con discapacidad, para la agricultura, la pesca y diversas actividades económicas, entre otras.
Sin embargo, esta batería asistencial, por cierto, individualizada, no resuelve las causas de la desigualdad, la pobreza y la marginación, que origina el capitalismo. Al respecto, Daniel Martínez señala de forma atinada la diferencia entre las concepciones de la izquierda y el progresismo que podemos encontrar en la centroizquierda y en el centro.
La izquierda entiende la justicia social como un objetivo estratégico que abarca un extenso abanico de temas y reivindicaciones populares. Derechos laborales, de salud, educación, vivienda, previsión social y un largo etcétera. El progresismo limita este abanico a una relativa justicia donde exista redistribución económica, enfocada en la compensación monetaria para los más pobres y en el consumo masivo para el resto. Las ayudas progresistas no se traducen en desarrollo, permiten que los sectores populares accedan a bienes y servicios, muchas veces buscando como retribución aumentar su caudal electoral (MARTÍNEZ, 2022, p. 169-170).
A pesar de ello, el despliegue de programas ha sido uno de los principales objetos de ataque desde la actual oposición otrora grupo gobernante, ya fuera procedente del PRI o del PAN, pues justo el modelo neoliberal que sostuvieron disminuyó sustancialmente las partidas sociales del Estado, buscando incluso la bancarrota de las instituciones públicas para justificar la privatización de las riquezas nacionales. Con ello, estos partidos extremadamente desprestigiados en la sociedad
mexicana profundizaron las desigualdades sociales y desarticularon las estructuras económicas del Estado para entregarlo de lleno al capital dentro de la postura sumisa que el gobierno mexicano ha tenido frente al vecino del norte.
Justo en este aspecto, la relación con Estados Unidos bajo el periodo de AMLO no se ha modificado sustancialmente, a pesar de algunas decisiones simbólicas significativas como retirarse del Grupo de Lima, importante herramienta de la ofensiva encabezada por la Casa Blanca contra el gobierno constitucional del presidente venezolano Nicolás Maduro, el rescate y asilo otorgado al mandatario boliviano Evo Morales frente al golpe de Estado de la derecha fascista respaldada por Washington, y de la permanente denuncia sobre el inhumano bloqueo económico, financiero y comercial contra Cuba, país con el que se han fortalecido las relaciones diplomáticas.
A pesar de ello, se mantienen las coordenadas centrales de esta histórica subordinación de México frente a Estados Unidos, sobre todo en lo concerniente a las políticas migratorias, la negociación del nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (T-MEC) y otros aspectos de la relación bilateral, como el campo de la seguridad y la lucha contra el narcotráfico.
Sobre el T-MEC, el equipo de transición de López Obrador se insertó en la última fase de la negociación del acuerdo que, en su esencia, había llevado la administración del priista Enrique Peña Nieto. El nuevo tratado contiene las mismas condiciones de disparidad comercial entre los tres países y las reglas de un mecanismo de libre comercio plenamente neoliberal, y favorable a Estados Unidos.
En el caso particular de la migración, destaca la militarización de la frontera sur a través de la Guardia Nacional, “grupo militarizado que originalmente había sido creado para combatir al crimen organizado y que hoy tiene a 6,000 elementos desplegados en la región fronteriza con Guatemala. Esta decisión, dicho sea de paso, ha enmudecido a muchos votantes decepcionados por López Obrador (Sandoval, 2019),”.
En otro ámbito, hay que señalar que los conflictos que se han desatado por las acciones de resistencia de comunidades campesinas y pueblos originarios en contra de los megaproyectos, expresan la contradicción antagónica que el gobierno de AMLO tiene con este componente sustancial de la nación mexicana. Por ejemplo, la creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), profundizó esa
contradicción, pues constituyó una reactivación de la vieja política indigenista que el PRI utilizó durante décadas para mantener en el tutelaje a los pueblos indígenas, y sobre todo se planteó fragmentar a las comunidades, al convertirse en un intermediario y operador de las políticas clientelares gubernamentales.
Las relaciones del gobierno con los pueblos indígenas organizados de forma independiente, como los que se aglutinan en el Congreso Nacional Indígena (CNI) y se coordinan con los mayas zapatistas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), se caracteriza por la confrontación, e incluso, sus voceros consideran que se trata de una guerra del nuevo gobierno contra los pueblos. El problema radica en el choque de perspectivas sobre lo que se entiende por desarrollo y progreso, pero, más grave aún, es pensar que beneficiando a los grandes capitales se pueden resolver los históricos problemas de pobreza y desigualdad que prevalecen en el sureste mexicano, como es el caso particular de toda la infraestructura turística privada que se construye alrededor del Tren Maya.
Por último, es preciso señalar que, bajo la premisa de que la mejor política exterior es la política interna, AMLO prácticamente no ha salido del país para realizar visitas de Estado o participar en cumbres multilaterales. En el contexto de un mundo cada vez más multipolar, la voz de una nación a través de su máximo representante resulta prioritaria en el sentido más básico de las relaciones internacionales. A pesar del peso simbólico que representan las fotos y los discursos, resulta fundamental la presencia física de los presidentes en los circuitos políticos y diplomáticos por lo que significa el diálogo directo en los encuentros entre líderes.
Más allá del planteamiento discursivo sobre la voluntad de acercarse al Sur, una parte importante de la política exterior mexicana se ha alineado en favor de los intereses de Estados Unidos. No existe ningún acercamiento efectivo, que sea mayor al del pasado inmediato, con América Latina y el Caribe, ni en acuerdos comerciales, mecanismos de integración o alianzas estratégicas. En una visión global, incluso destaca la negativa del gobierno mexicano de acercarse, no se diga integrarse, a los BRICS, acrónimo surgido de los países que componen originalmente dicha asociación económica (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica); sobre todo ahora que el grupo se amplió con la incorporación de seis países más.
Ante este panorama, a pesar de ciertas expectativas que en un principio se generaron sobre un posible cambio de las relaciones con Estados Unidos, así como
en el fortalecimiento de la identidad latinoamericanista y caribeña de México tras el triunfo de AMLO, sin más, Washington continúa siendo la prioridad central de la cancillería, y el Sur ha quedado básicamente en los buenos deseos, salvo la profundización de la relación con Cuba, expresada en las visitas del presidente cubano Miguel Díaz-Canell a México, una de ellas como invitado de honor al desfile militar en conmemoración del inicio de la lucha de Independencia, la compra de vacuna Abdalá contra la Covid-19 y la contratación de personal médico cubano. Incluso, destacó la aplaudible decisión de AMLO de no asistir a la Cumbre de las Américas celebrada en junio de 2022 en Los Ángeles, por no haber sido invitada Cuba.
Después de 25 años de iniciado el llamado ciclo progresista, que más bien hay que identificar como un ciclo de gobiernos de centro, centroizquierda y de izquierda, la región ha atravesado por acontecimientos políticos sellados por la continuidad del intervencionismo estadounidense a través de una poderosa ofensiva conservadora que ha impactado de forma determinante este conjunto de procesos, incluyendo seis golpes de Estado, Venezuela (2002), Honduras (2009), Paraguay (2012), Brasil (2016), Bolivia (2019) y Perú (2022); en el caso de Venezuela y Bolivia, revertidos.
Ante una derecha que paulatinamente está retornando a su etapa más abiertamente autoritaria y fascista, se vuelve más urgente la necesidad de cambios de fondo y no sólo de forma. Justo los casos que se inscriben en esta coordenada, y que han resistido todo el peso de la agresión externa, Venezuela y Bolivia, constituyen el mejor ejemplo de que no se puede avanzar si se mantienen las estructuras políticas diseñadas por el capital para preservar su existencia. Al respecto, Roberto Regalado apunta:
De ello se deriva que el progresismo y la nueva socialdemocracia latinoamericana no se expliquen cómo es posible que “la democracia”, cuyas reglas del juego tanto se esforzaron por perfeccionar y transparentar, haya sido utilizada por “la derecha”, no para desplazarlas del gobierno mediante una “alternancia civilizada”
-lo cual esperaban que sucediera en algún momento-, sino para expulsarlas del sistema, criminalizarlas, judicializarlas e intentar destruirlas por completo, y que no tengan idea alguna de qué hacer
al respecto. Por su parte, la nueva generación promotora de transformaciones revolucionarias no avanzó lo suficiente en el proceso de rupturas parciales sucesivas con el sistema social imperante. Por ello, se siente obligada a “atrincherarse” en los poderes del Estado bajo su control, con el fin de defenderse de los ataques del imperialismo, de los poderes del Estado controlados por la oligarquía y de los poderes fácticos nacionales (REGALADO, 2019, p. 24).
Por las características y los alcances del actual gobierno, es evidente que México se inscribe dentro de la esfera de los proyectos moderados del progresismo latinoamericano y caribeño. Nunca se planteó, aun teniendo la capacidad legislativa para hacerlo, la opción de transformar las estructuras políticas, económicas, sociales y culturales que perfilaran cambios profundos y de largo plazo, como podría haberse generado a partir de la convocatoria de una Asamblea Constituyente que reflejara en un nuevo Estado, el México actual, a partir de una profunda transformación política, económica, social, ética y defensora de los derechos de la naturaleza.
En este contexto, resulta trascendente valorar la relevancia y la urgente necesidad de analizar las formas de organización económica, que no desarrollo económico, que requieren América Latina y el Caribe. Se trata de reconfigurar, desde las estructuras, el lugar y la función que las naciones latinoamericanas y caribeñas cumplen en el escenario mundial y, de forma particular, en la división internacional del trabajo: exportadoras de materias primas y mano de obra, con el objetivo de plantearse la desarticulación de esta vieja pero renovada dependencia de las potencias del capitalismo global. México ocupa un rol preponderante en esta condición por su estrecha relación con Estados Unidos.
A pesar de resolver problemáticas económicas de primer orden, el llamado neo-extractivismo no fortalece un camino propio y soberano, al no trastocar las relaciones de la dependencia estructural y sistémica, ni la posibilidad de consolidar una integración que permita alcanzar la autosuficiencia económica y el fin de las asimetrías entre los países de la región, y, mucho menos, contribuye a frenar el colapso ecológico que está en marcha. Es evidente que en el mediano plazo no resulta una tarea sencilla, ni se puede decretar el fin de este modelo de producción, sin una alternativa clara que permita transitar hacia otro estadio económico y social, la cual debe estar acompañada necesariamente por una participación protagónica de los pueblos. Aún y con la recuperación del Estado como actor central de la economía, esta dependencia estructural sigue siendo una realidad mientras no se
diversifiquen las áreas productivas y persista el carácter mono-exportador de una parte importante de las economías de la región.
Con todo y sus contradicciones, la dinámica neo-extractivista ha permitido, por ejemplo, a Venezuela (desde 1999) y Bolivia (desde 2006), y en su momento a Ecuador (2007-2017), generar una redistribución social de las ganancias como nunca se había dado, reduciendo sustancialmente los niveles de pobreza y logrando notorios avances sociales en salud, educación y vivienda. Sin embargo, es un hecho que el capitalismo no resuelve la condición estructural de la dependencia externa, ni las causas que generan pobreza y desigualdad. En los casos mencionados, la oligarquía nunca desapareció y sus medios de producción siguieron fundados en la explotación y la obtención de plusvalía. De igual forma, el capital extranjero, europeo, estadounidense y/o chino, ha seguido jugando un papel central en el funcionamiento de estas economías.
Sin negar el beneficio tangible de toda la red de becas y apoyos económicos desplegada por el actual gobierno mexicano, reflejado en el último reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)7, es un hecho que en México se mantienen altos niveles de pobreza y que las causas sistémicas de su existencia no han sido atendidas. Tal y como sucedió con otras experiencias progresistas moderadas como Brasil, Argentina y Uruguay, la fragilidad de los programas sociales es tan real que el retorno de un gobierno neoliberal prácticamente anula de fondo tales políticas, como sucedió, por ejemplo, con Jair Bolsonaro y Mauricio Macri, y ahora Milei, representantes de regímenes neofascistas, siniestros para sus pueblos y para la región entera.
Salvo Cuba y Venezuela, y en buena medida Bolivia, países donde se desarrollan profundos procesos de transformación orientados hacia el socialismo y la construcción de un poder popular indiscutible, con todo y sus contradicciones y errores, y a pesar de los devastadores efectos del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos en el caso de los dos primeros, el resto de las experiencias de gobierno van del centro hacia la izquierda, algunos de evidente
7 Según estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) basadas en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2022, realizada por el INEGI, la población en situación de pobreza se redujo de 55.7 millones de personas en 2020 a 46.8 millones en 2022, es decir, aproximadamente la población en situación de pobreza se redujo en 5 millones. CONEVAL (2023), "Medición de la pobreza" en CONEVAL, disponible en
<https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2022.aspx>. Consulta: 6 de diciembre de 2023.
factura socialdemócrata, con todos los límites que ello representa porque en ningún momento se han contemplado impulsar cambios estructurales y mucho menos sistémicos.
En lo inmediato, no queda claro si hay perspectivas en México que apunten hacia una transformación estructural de la economía ni de la política. Más allá de una buena administración y la continuidad de mecanismos sociales que se plantean disminuir las desigualdades, debe construirse un proyecto político que se proponga el fin de la explotación y la dominación capitalistas, la transición a una plena democracia participativa, el reconocimiento de las autonomías de los pueblos indígenas, el ejercicio real de la soberanía nacional y popular, y la reconfiguración sistémica para enfrentar el colapso ecológico en marcha.
Los gobiernos progresistas y de izquierda han fracasado en su proyecto de articulación de acuerdos básicos entre las élites conservadoras dueñas del capital y la población, a la cual sin duda le otorgan mayores y mejores beneficios sociales, pero no espacios de participación directa y de decisión en los destinos políticos y económicos del gobierno que ellos mismos eligieron. La izquierda gobierna desde la derecha del pueblo y el carácter institucional de los gobiernos progresistas proviene de la legalidad de una matriz ya superada por la historia. Esta democracia fraudulenta, tal vez reduce la incertidumbre de los sectores populares y proporciona legitimidad a las acciones de gobierno, pero no garantiza en absoluto una transformación de fondo en la lucha por una sociedad sin explotados y explotadores. Hasta ahora parece condenada a terminar de manera cíclica en derrotas electorales de la izquierda (MARTÍNEZ, 2022, p. 211).
La experiencia regional ha dejado un balance positivo en el terreno de los derechos sociales, en la construcción de mecanismos de integración como ALBA, CELAC, Mercosur y en su momento UNASUR, en un significativo impulso en las relaciones Sur-Sur y la multipolaridad, entre otros aspectos, pero la balanza que está cargada hacia la hegemonía del capital prácticamente no se ha movido. Aunque existan diferentes explicaciones, como la falta de mayorías legislativas y los errores propios, la realidad es que algunos de esos procesos no tienen mayor problema en reducir su actuación a una administración eficiente del sistema impuesto por el capital. Por esta razón, estos casos no sufren ningún ataque por parte de la Casa Blanca.
Los cinco años de AMLO reflejan las dificultades del ejercicio del gobierno en un sistema plagado de vicios y una cultura política en la que prevalecen los intereses del capital, de los grupos del poder político, la Iglesia, las elites económicas, y, por supuesto, la creciente fuerza e impunidad del crimen organizado y el avasallamiento mediático que no tiene límites en su actuar, muy lejano de la ética y la honestidad.
La crisis de seguridad y violencia sistémica y multidimensional no ha variado sustancialmente en este gobierno. No sólo se ha tratado de un problema multifacético en el entorno de las instituciones, sino también de una sociedad fracturada y de un sector de consumidores que legitiman por la vía de los hechos la existencia del mercado que controla la delincuencia de forma impune.
En el entorno de un colapso ecológico y societal en desarrollo, caracterizado no sólo por los graves y en muchos casos irreversibles daños a los ecosistemas, aunado a la pobreza, la desigualdad, el hiperconsumismo y la violencia multidimensional que trastoca los límites de la racionalidad, resulta urgente un cambio de paradigma sobre los proyectos que las fuerzas políticas ubicadas del centro hacia la izquierda necesitan plantear e impulsar en los espacios institucionales. En ese plano se encuentra el reto que tiene la candidata de MORENA, Claudia Sheinbaum, favorita en las encuestas para la próxima contienda presidencial, en torno a sólo darle continuidad al proyecto de AMLO o encabezar una transformación profunda en los diversos aspectos mencionados.
No hay duda de que, así como América Latina fue convertida en un laboratorio del neoliberalismo, también ha sido el principal escenario mundial de la construcción y el desarrollo de proyectos alternativos, de rebeliones y resistencias como destacan Cuba, Venezuela, Bolivia, el Movimiento de los Sin Tierra, los zapatistas y las autonomías del mandar obedeciendo, actores que consolidan la realidad de que otros mundos pueden ser posibles. Propuestas como el ecosocialismo, el Buen Vivir/Vivir Bien, el Comercio Justo, el socialismo comunitario, entre otras, reflejan que hay otras opciones al capitalismo neoliberal y depredador que hegemoniza el siglo XXI. México debe conocer y reflexionar en torno a estos planteamientos y contribuir a la construcción de otros modos de vida en el futuro mediato.
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